El peor dolor de cabeza para los vecinos. ¿Se imagina vivir sin uno de los elementos más básicos de cualquier hogar y que
un tubo tenga que llevarse sus desechos? Esto es lo que tienen que aguantar constantemente los habitantes de
Isla de Maipo.
Este sector, ubicado al surponiente de la capital, es el único de toda la Región Metropolitana que
no cuenta con alcantarillado público para todos sus pobladores.
La solución para esto
es llamar a un camión municipal que se lleva todos los residuos de la fosa séptica al menos una vez a la semana, generando incomodidad, malos olores y una vida muy compleja de vivir.
En un momento se pensó que iba a cambiar en el 2013, cuando se creó un convenio entre el gobierno regional y la municipalidad
para licitar un proyecto de red secundaria de alcantarillado público, lo que favorecería a 2.700 familias.
La empresa que se adjudicó la iniciativa fue
Inatec Ltda. por un monto de más de $8 mil millones en un plazo de ejecución de poco más de un año y medio.
Las obras llevaban una año cuando el entonces alcalde,
Carlos Adasme, gestionó más recursos para pasarle a la compañía, lo que empezó a generar dudas debido a que la situación de los habitantes no cambiaba a pesar de los $11 mil millones destinados.
A raíz de esto, el actual edil,
Juan Pablo Olave, presentó una querella por fraude al Fisco, caso que ya está siendo investigado por la Fiscalía de Talagante.
Ex autoridad se defiende
Por primera vez desde que se hiciera público el caso, Adasme rompió su silencio y aseguró que "aquí no hay un delito.
Nadie hizo nada por tratar de defraudar al Fisco".
"Lo que se hizo fue reaccionar frente a un problema con un proyecto tremendamente necesario para la comuna (...) Hubo que, literalmente,
destrozar la comuna para poder desarrollar un proyecto de alcantarillado en toda la zona urbana", aseguró.
En entrevista con
CHV Noticias, la otrora autoridad insistió en que
"nunca pasó un peso por la municipalidad en ese proyecto. Era pagado íntegramente por el Gobierno Regional", señalando que la empresa tuvo "dificultades técnicas" para llevar a cabo las obras.
Desde Inatec Ltda, su representante legal, Carlos Molinos, indicó que "en esas condiciones era imposible continuar (los trabajos)", admitiendo que
sí se aumentaron los fondos para la continuación.
De hecho, Molinos aseguró que "aceptamos
seguir trabajando con recursos propios a la espera de su devolución, pero el pago no se concretó nunca. Para entonces, la deuda a favor de la empresa era de $1.600 millones. Nunca recuperamos este dinero".
Contraloría responsabiliza a Gobierno Regional
En su dictamen, la Contraloría apuntó a que
hay responsabilidad del Gobierno Regional en este caso, ya que son ellos los que aprueban las modificaciones de contrato que permiten inyectar los nuevos fondos.
Gabriela Elgueta, administradora del Gobierno Regional Metropolitana, sostuvo que
"a nosotros nos interesa que la obra se ejecute, entonces el gobierno vuelve a priorizar recursos, pero los prioriza en base a una aprobación técnica que da otro organismo distinto. Eso lo hace el Ministerio de Desarrollo Social".
Consultados por esto, desde la Seremi de Desarrollo Social Metropolitano afirmaron, vía video, que
"no se puede dejar sectores sin alcantarillado porque perjudica directamente a las familias afectadas".
Sin embargo, no todo estaría perdido. Según el alcalde Olave, en paralelo a la investigación, la obra se licitó de nuevo y el nuevo proyecto, para el que se
destinaron cerca del triple del monto inicial, casi $20 mil millones, ya se está ideando.
Ahora, los vecinos de Isla de Maipo tienen una nueva esperanza para
tener algo tan básico como un alcantarillado y una vivienda digna.