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“En Chile no hay presos políticos”. Tajante, sin dudas, el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, cerraba así la puerta a que en Chile hubiesen personas detenidas por su ideología o de manera injusta desde generada la crisis social en octubre pasado a la fecha. Declaración del ex jefe de Gabinete que tenía un carácter especial: la realizaba en La Araucanía, una región donde se desarrolla un permanente conflicto político, social e índigena.
La declaración del ex ministro Pérez fue vehemente pero, aún así, no logró convencer a todos. Menos aún a quienes hoy, incluso, trabajan en una Ley de Amnistía en favor de quienes, actualmente, esperan el juicio en su contra. "Mi marido es un preso político. No hay otra forma de calificarlo. Eso son", dice Jocelyn Barrera.
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El Caso Cheuque
Jocelyn Barrera ha recorrido la Corte de Apelaciones y el Centro de Santiago, día a día, desde hace casi un año. El 15 de noviembre de 2019, su marido, Mauricio Cheuque, fue detenido en Pedro Aguirre Cerda, específicamente, en la población La Victoria. "Mauricio nunca participó en nada de esto, ni en política. Estaba tomando una cerveza y pasó una marcha", explica Jocelyn Barrera.
Mauricio Cheuque estaba en La Victoria, la población donde se crió, visitando a su madre. "Se atacó la tenencia después de la marcha y los Carabineros salieron a cazar", explica su esposa, quien agrega que fue detenido sólo por estar en la calle. En su relato, ella agrega que varias horas pasaron para saber dónde estaba. Supieron que estaba detenido en la misma Tenencia La Victoria cerca de las 5 de la madrugada.
"Siempre nos dijeron que no tenían sus cosas, porque él estaba sin nada. Un abogado entró a verlo y estaba golpeado, en shock", recuerda. "Él si llevaba un bolso, su bolso de trabajo. Se lo abrieron y se dieron cuenta que era mapuche. Ahí le pusieron la bomba molotov", dice Jocelyn Barrera, quien relata molesta que el examen de hidrocarburos de su ex marido, tuvo resultado negativo, lo que acreditaría que él no tuvo contacto con el artefacto explosivo.
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El nombre de su marido, Mauricio Cheuque, es recurrente entre quienes asisten a los actos y convocatorias frente al Palacio de Tribunales o La Moneda. Es uno de los cerca de 65 detenidos que permanecen en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, a la espera de juicios orales en su contra por diversos hechos ocurridos durante, como la llaman, "La revuelta", generada desde el 18 de octubre de 2019. Son ellas y ellos son los llamados "Presos políticos de Chile".
"En un alto porcentaje, son jóvenes estudiantes universitarios. Hay padres de familia, trabajadores, niños y mujeres. En el caso de niños, algunos estuvieron mucho tiempo en el Sename", describe Jorge Ulloa, presidente de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos Santiago 1. "Su situación es deplorable. Están presos injustificadamente y la pandemia ha hecho que lleven 7 meses sin ver a sus familiares", agrega.
Según Jorge Ulloa, muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales, ni policiales. Él es padre de un joven de 23 años que espera en arresto domiciliario el juicio en su contra por el que arriesga una pena de 10 años de presidio.
Ley de amnistía
"Debemos tener el compromiso con aquellos trabajadores, con aquellos jóvenes que están privados de libertad. Es un deber moral para el parlamento. Hoy tenemos esta oportunidad de poder crear una Ley de Amnistía", aseguró recientemente la diputada Emilia Nuyado (PS). Ella, junto a otros diputados de oposición, trabaja en el proyecto, del que aún no se conocen detalles, pero que irá en apoyo a los detenidos en la crisis social del país.
"Hay que buscar una salida política a los presos de la revuelta. En Chile se suele abusar de la prisión preventiva para castigar a determinados grupos sociales", explica el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Precisamente, a la Cámara Alta llegará el proyecto de Ley de Amnistía. "Está en construcción con abogados y familiares de los detenidos para una salida política y una amnistía", agrega.
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"Permite la impunidad ante la violencia"
Nada bien ha caído la propuesta de una Ley de Amnistía en el oficialismo y en el gobierno. "Cuando alguien está involucrado en episodios de violencia, y por eso es llevado a los tribunales, me parece que lo responsable es hacerse cargo de esos hechos ante los tribunales y ante el Ministerio Público", aseguró hace días el ministro de Justicia, Hernán Larraín. "Esta idea permite la impunidad ante la violencia", agregó el vocero Jaime Bellolio.
Según agrupaciones de familiares de los detenidos desde el 18 de octubre a la fecha, en el país 2.200 personas están esperando juicios. Muchos de ellos han visto modificadas sus medidas cautelares, dejando las cárceles, para ahora estar en sus casas, en arresto domiciliario total o nocturno, mientras las investigaciones avanzan y los juicios en su contra se preparan. 2021 será el año en que ellas y ellos vean, finalmente, su desenlace judicial.
12/11/2020
07:47
