La ex candidata a senadora decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y entregar su versión de los hechos en el marco de las indagatorias por el presunto delito de fraude de subvenciones, un suceso asociado a la rendición de gastos electorales presentada ante el Servel por su campaña a la gobernación metropolitana.
Karina Oliva, ex candidata a senadora y actual militante suspendida del Partido Comunes, renunció a su derecho a guardar silencio y mediante su defensa solicitó poder entregar una declaración a la Fiscalía Metropolitana Sur, encargada de la investigación en su contra por el presunto delito de fraude de subvenciones cometido durante la rendición de los gastos al Servicio Electoral (Servel) asociados a su campaña a la gobernación metropolitana.
Hace aproximadamente una semana, el abogado penalista Juan Carlos Manríquez asumió la representación de Oliva, quien según consignó La Tercera PM, ya tomó contacto con el fiscal Héctor Barros a cargo de la investigación para solicitar una copia de la carpeta asociada a la indagatoria y, en esa misma instancia, manifestar la disposición de la ex candidata a dar a conocer su versión de los hechos ante el Ministerio Público.
"Nos hemos puesto a disposición voluntariamente del Ministerio Público y por escrito le hemos dicho al fiscal Barros que la señora Oliva ha decidido renunciar a su derecho a guardar silencio y prestar declaración ante quien sea, tanto la fiscalía como el Servel. Hemos recibido las primeras citaciones a su equipo asesor y vamos a tener todos los antecedentes para que sea una diligencia útil y poder a la brevedad esclarecer todas las dudas que se están planteando", indicó Manríquez al respecto.
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Cabe recordar que esta arista judicial se abrió de oficio por el Ministerio Público, lo que fue anunciado por el fiscal nacional Jorge Abbott, con el fin de esclarecer el presunto delito de fraude de subvenciones en la declaración de gastos, pero al mismo tiempo la situación se dio por denuncia anunciada por el Servel contra Oliva debido a los "antecedentes nuevos y contradictorios, con los que dicha candidatura nos aportó en su momento", buscando determinar "la comisión o no de eventuales delitos electorales", explicó entonces el director de la entidad, Raúl García.
Pero paralelamente, la Fiscalía Sur también ha citado a todos los militantes del Partido Comunes que de alguna manera colaboraron con Oliva durante sus actividades políticas para la gobernación metropolitana y también ha solicitado la colaboración del Servel para que entreguen todos los datos de los documentos que fueron parte de la cuestionada rendición de gastos electorales.
Asimismo, se está realizando un arqueo de los documentos incautados desde la sede Comunes tras un polémico operativo del GOPE de Carabineros, donde muchas figuras políticas criticaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los uniformados en su ingreso y registro del lugar.
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Por último, otro de los citados a declarar en este caso corresponde a Martín Miranda, quien se desempeñó como administrador de la campaña de Oliva, y que fue llamado por Guillermo González Leiva, subdirector de Control del Gasto y Financiamiento del Servicio Electoral (Servel), con el fin de que detalle aquellos antecedentes contenidos en la rendición de gastos, documentos que él mismo presentó ante el organismo.
Miranda deberá entregar su versión de los hechos el próximo 2 de diciembre a las 10:00 horas.
Toda esta situación quedó al descubierto mediante un reportaje de Ciper Chile, donde se expuso que siete asesores de la candidatura de Karina Oliva recibieron en conjunto alrededor de $137 millones en pagos, afirmando que se trataba de una de las campañas más caras de las que se tenía registro en el país. La implicada expuso en ese momento que los datos habían sido aceptados por el Servel y, por ende, estarían en orden. Pero este panorama cambió una vez que desde el organismo detectaron presuntas irregularidades, lo que fue precedido por la apertura de una indagatoria penal según instrucción del fiscal nacional, Jorge Abbott.
30/11/2021
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