En el contexto del crimen perpetrado, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este jueves el proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer que frente a determinados delitos consumados en contra de una mujer en gestación, se deberá siempre aplicar la máxima pena respectiva.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte logró acreditar que José Miguel Aguilera Poblete fue el culpable de la muerte de Carolina Villegas Viveros, estableciendo que el imputado hirió a su conviviente con un cuchillo en múltiples partes de su cuerpo.
El crimen ocurrió en la comuna de Renca el pasado 4 de septiembre de 2019, momento en que la víctima tenía 24 semanas de gestación.
En ese contexto, las lesiones le provocaron la muerte debido a un shock hipovolémico, causando asimismo el fallecimiento del hijo en común que esperaban.
El Tribunal Oral declaró al acusado como culpable del delito de femicidio y de aborto previsto sancionado por el Código Penal.
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Es por lo anterior que Aguilera Poblete deberá cumplir la pena de 15 años de presidio como autor del femicidio y cinco años de presidio por el ilícito de aborto.
Pena máxima si la víctima está embarazada
La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, aprobó este jueves 23 de septiembre el proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer que frente a determinados delitos consumados en contra de una mujer embarazada, se deberá siempre aplicar la máxima pena respectiva.
La iniciativa establece que en delitos cometidos en contra de la libertad de las personas y su seguridad, como secuestro, tortura, tratos inhumanos, violaciones, estupros, parricidios, femicidios, homicidios, lesiones corporales, maltrato a menores, daños a discapacitadas, tráfico ilícito de personas y robo con violencia e intimidación, se aplicará la pena asignada en su grado máximo si es que la víctima se encontrara embarazada.
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El proyecto tuvo su origen en una propuesta de las diputadas RN Ximena Ossandón, Karin Luck y Francesca Muñoz; de la UDI Nora Cuevas, María José Hoffmann y Virginia Troncoso; la independiente Érika Olivera; y la DC Joanna Pérez.
Según se lee en el documento, se busca proteger el valor de la maternidad y su especial consideración social. "Es mucho más grave la violencia hacia una persona embarazada debido a que ella es más vulnerable, ya que no tiene la misma fuerza para defenderse de igual manera", sostiene el texto.
La normativa fue enviada a su segundo trámite legislativo en el Senado.
24/09/2021
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