El Gobierno impulsa una reforma para impedir que deudores de pensiones alimenticias puedan postularse en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2025. Te contamos acá en qué consiste.
En un esfuerzo por proteger los derechos de los menores y combatir la violencia económica, el gobierno nacional ha anunciado una reforma que inhabilitará a los deudores de pensiones alimenticias de postularse en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2025.
Esta medida extenderá las restricciones ya vigentes en las elecciones locales y regionales, asegurando que ningún candidato con deudas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos pueda aspirar a un cargo público.
En este contexto, el organismo informó que 196 postulaciones fueron rechazadas para las elecciones regionales y municipales del próximo 26 y 27 de octubre, por deuda vigente de pensiones alimenticias.
"El no pago reiterado de pensiones de alimentos es una vulneración de los derechos de los niños, es una forma de violencia económica y, por lo tanto, infringe la probidad administrativa que cualquier representante que aspire a ser electo debiera cumplir”, enfatizó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
Esta reforma impulsada por el Ejecutivo plantea la inhabilidad de aquellos deudores que figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias para presentarse como candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados o al Senado.
Actualmente, la prohibición solo aplica a elecciones locales y regionales, afectando a quienes desean postularse como alcaldes, concejales o consejeros regionales.
El objetivo es extender este requisito a las elecciones parlamentarias y presidenciales, para garantizar que los aspirantes cumplan con sus responsabilidades legales y morales.
La implementación de esta reforma exigirá varios pasos clave para asegurar su efectividad: