Hace casi 13 años atrás, un 29 de febrero, la vida de decenas de familias cambió radicalmente tras un recordado accidente aéreo en el Estadio Municipal de Peñalolén. Lamentable tragedia que hasta el día de hoy no ha tenido un cierre, ya que las personas afectadas acusan un abandono del Estado tras el no pago de las indemnizaciones.
El accidente terminó con la vida de 13 personas y dejó a múltiples heridos. Ya ha pasado más de una década, cuatro gobiernos, y las víctimas siguen a la espera de una resolución para este caso.
El fatal accidente
El hecho ocurrió a las 9:44 de la mañana de ese día de febrero. Dos tripulantes y cuatro estudiantes se subieron a bordo de la avioneta que solo minutos después de despegar del aeródromo de Tobalaba, se estrelló en el estadio donde habían personas en clases de gimnasia.
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Según recordó Eliana Campos, una de las personas presentes, al momento del accidente "yo gritaba ¡mis compañeras! (...). Fue terrible, fue lo peor que me pudo haber pasado".
Por su parte Francisco Vásquez, esposo de una de las víctimas del hecho, recordó que fue su hija quien recibió una llamada para alertarle del accidente. Encendieron la televisión y vieron algunos minutos lo ocurrido, sin imaginar que su señora, quien participaba en la clase de aeróbica, era una de las víctimas fatales tras resultar con el 98% de su cuerpo quemado.
"Nos dijeron que más de tres horas no iba a vivir por las quemaduras, pero ella dio una lucha de 10 días", relató Francisco, quien luego de la muerte de su esposa quedó solo a cargo de sus tres hijos que en ese entonces tenían entre 6 y 8 años.
Lo mismo le ocurrió a Julia Herrera, madre de Francisco Allende de 19 años, quien hacía su práctica en Carabineros e iba en el avión siniestrado. "Mis hijos no me pidieron autorización para subirlos a la avioneta. Llegaron y los subieron nomás a los cuatro", declaró Julia.
Por ello hizo un llamado a que "por favor que se ponga el gobierno la mano en el corazón. No quiero morirme hasta que pueda darle justicia a mi hijo".
Proceso legal
Tras la investigación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) se concluyó que el accidente tuvo origen en causas mecánicas y humanas. En 2009, los familiares de las víctimas y heridos demandaron civilmente al Estado pero hasta el día de hoy, 12 años después, no han tenido ninguna respuesta. Actualmente la causa está con una apelación pendiente.
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"Esta causa estuvo en primera instancia más de 10 años, y una vez que salió la sentencia que es favorable para las víctimas del accidente, se apeló con el fisco con otros dos colegas de abogados que representan víctimas", explicó Jacqueline Barahona, abogada de las víctimas.
Y desde el 2018, la apelación se encuentra en la Corte de Apelaciones esperando a que sea puesta en tabla para la vista de su recurso, pero que "lamentablemente con este tema de la pandemia no hay un acercamiento remoto con estos actores de la Corte para poder pedir una audiencia y ver qué es lo que está pasando", agregó Barahona.
Para las familias de las víctimas y los sobrevivientes sin duda que han sido años difíciles. Tratamientos, gastos médicos, psicológicos y reconstructivos han sido solo algunos de los efectos colaterales que han debido enfrentar por su propia cuenta, mientras esperan la indemnización de 300 millones de pesos del Estado que para ellos es más que dinero, sino que un cierre simbólico de esta tragedia.
08/10/2020
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