"Partiendo del supuesto de que la Nueva Constitución garantizará como prioritario el consumo humano, resulta necesario establecer cuál es la cantidad de agua que una persona requiere para llevar una vida digna" señala el fundador del Instituto de Ecología Política en este espacio de opinión.
Este año o el próximo comenzará el racionamiento de agua en la zona central de Chile. Ya se han dado las primeras señales de alerta por lo cual es urgente empezar a prepararse.
Hay tres miradas contrapuestas sobre la crisis climática y sus consecuencias (una de estas consecuencias es la escasez de agua).
Por un lado, está la actual visión dominante compartida por la élite chilena. Desde esta perspectiva la escasez de agua es una situación coyuntural ya que es el resultado de una sequía larga (muy larga) que algún día terminará. O sino, también podría ser el resultado de un mal uso del recurso (del saqueo), un aspecto que podría solucionarse con un nuevo régimen jurídico.
Como se trata de una cuestión coyuntural, la crisis hídrica podría ser resuelta por el mercado apoyado de forma subsidiaria por el Estado. Es decir, la crisis podría resolverse por el lado de la demanda y como parte de las políticas de mitigación que hay que adoptar para hacer frente a la crisis climática. En esta línea se enmarcan todas las iniciativas anunciadas por las firmas privadas que gestionan el agua en la Región y en la gobernación.
Una segunda mirada proviene del Gobierno que, en representación del Estado, considera que la sequía es un fenómeno que llegó para quedarse. Es por esta razón que es necesario imponer medidas más drásticas como el racionamiento individual (ya no sólo por comuna sino por persona) a través de puntos de distribución de agua, junto con otras iniciativas de largo plazo como los subsidios a los estratos más pobres, el estímulo a la construcción de plantas desaladoras y el manejo integral de las cuencas, entre otras.
Finalmente, una tercera mirada es la denominada “decrecentista” y plantea que el suministro será cada vez más escaso debido a que la región está entrando en un nuevo estado geológico correspondiente a una zona semiárida. Desde esta perspectiva es clave introducir desde ahora criterios de reparto de agua.
Partiendo del supuesto de que la Nueva Constitución garantizará como prioritario el consumo humano, resulta necesario establecer cuál es la cantidad de agua que una persona requiere para llevar una vida digna. Hoy se calcula que en Chile el consumo individual de agua es de 170 litros por persona por día; en Europa es de 140 de litros per cápita y en Estados Unidos se encuentra cerca de los 500 litros.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud fija el consumo deseable entre 50 y 100 litros, en Chile podríamos perfectamente utilizar de referencia el consumo europeo de 140 litros por persona por día y considerar esta cantidad como la línea de consumo de agua para una vida digna. Una vez definido este punto podríamos comenzar a implementar criterios que nos permitan ahorrar el recurso o distribuirlo mejor.
Sin embargo, este volumen de agua también podría bajar si se agudiza la escasez. Es por todo esto que resulta muy importante empezar a discutir desde ahora el tema, antes de que comiencen los conflictos entre comunidades por el uso del recurso. Lo cierto es que el tiempo del derroche de agua se agotó y ahora tenemos que empezar a gestionar su escasez.