La secretaria de Estado reconoció que se retirará el beneficio a personas que no tenían la documentación correspondiente.
Sigue la polémica por la entrega de
pensiones de gracia en el contexto del
Estallido Social. Este domingo la ministra del Interior y Seguridad Pública,
Carolina Tohá, anunció que se están revisando nuevamente los
antecedentes de los beneficios otorgados.
"Ya hay un número seguro de
25 pensiones que se van a dejar sin efecto y otros casos más que todavía tienen que revisarse", reveló Carolina Tohá, en conversación con el programa Mesa Central.
El anuncio, lo hizo en el marco de la investigación que se está realizando al
Instituto Nacional de Derechos Humanos, luego de que la
Contraloría General de la República emitiera un informe que reveló un proceso
irregular de asignación, acreditación y variación de montos en los beneficiarios.
Asimismo, la jefa de cartera enfatizó que haber cometido un delito no implica una pérdida de derechos humanos: "No porque una persona tenga antecedentes penales, enfrentó a la justicia,
fue condenada y ya pagó, se le puede arrancar un ojo".
Por otra parte, también reveló las cifras de quiénes son los beneficiados, haciendo un mea culpa al mencionar que "
este proceso tuvo falencias y sin duda alguna es una situación indignante que hay que corregir".
La secretaria de
Estado también agregó: “Las personas que tienen antecedentes penales, del conjunto de las pensiones de gracia,
son 69. Son
418 pensiones de gracia en total. No es verdad que la mayoría de las personas tenga antecedentes" (...) "Es posible que esto haya pasado por harto tiempo porque
no se revisaban los antecedentes penales".
Recordemos que en detalle, el informe de Contraloría evidencia que existen
58 personas que han sido condenadas y que también son beneficiarios de la pensión de gracia, algunos, incluso por delitos de
homicidio, posesión de material pornográfico infantil y abuso sexual.
El ente fiscalizador también entregó una preocupante conclusión. Según el documento, 19 postulantes no entregaron sus respectivas actas que acreditaran su lesión “o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos
poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019".