Los parlamentarios afirmaron que “quienes actúan de manera dolosa y sabiendo la situación que estamos viviendo como país, deben recibir una sanción mucho mayor".
A raíz de la seguidilla de fiestas clandestinas que se han producido en los últimos días en el país, entre ellas la que tuvo lugar en Espacio Broadway, en la localidad de Cachagua, en Las Condes y Ñuñoa, los diputados de la UDI Juan Manuel Fuenzalida y Gustavo Sanhueza instaron al Gobierno a patrocinar y darle urgencia a un proyecto anunciado por la bancada gremialista días atrás, y que busca sancionar con penas de cárcel a quienes organicen y participen de fiestas clandestinas durante un estado de excepción constitucional.
Al respecto, los parlamentarios señalaron que “no podemos seguir de brazos cruzados viendo cómo algunos irresponsables e inconscientes creen estar por sobre la ley y arriesgando a que sigan aumentando los casos de coronavirus en nuestro país”.
Lee también: Ministro Paris reveló que hay 20 casos confirmados de COVID-19 entre los asistentes a fiestas clandestinas en Cachagua“Lo que ocurrió la semana pasada en Espacio Broadway y lo que vimos ahora en Cachagua o Las Condes no puede quedar impune, porque quienes organizaron y participaron de ambas fiestas lo hicieron sabiendo la actual emergencia que estamos viviendo y así y todo crearon las condiciones para seguir contagiando a la población”, señalaron ambos diputados.
Por lo mismo, Sanhueza y Fuenzalida insistieron en que es “indispensable” aumentar las penas a quienes organicen y participen de estos eventos, asegurando que “quienes actúan de manera dolosa y sabiendo la situación que estamos viviendo como país, deben recibir una sanción mucho mayor. De lo contrario, si no endurecemos las penas, difícilmente vamos a lograr que esto no siga ocurriendo”.
Lee también: Presidente Piñera: “Nunca debemos confundir la acción criminal de estos grupos con el pueblo mapuche”En cuanto al proyecto de ley, ambos parlamentarios detallaron que busca establecer una pena privativa de libertad de al menos seis meses para los organizadores y de tres meses para los que asistan a eventos clandestinos.