La diputada Javiera Morales habría utilizado dineros fiscales para continuar con la iniciativa, lo que no está permitido por el Comité de Auditoría, ya que no cumple parte de sus funciones.
La diputada de
Convergencia Social,
Javiera Morales, está enfrentando un caso desde este martes frente a la
Comisión de Ética de la
Cámara de Diputados por mantener activo el
preuniversitario gratuito que el presidente
Gabriel Boric creó en sus años como diputado.
La actividad académica se lleva a cabo en la misma sede parlamentaria, ubicada en
Punta Arenas, lo que está siendo estudiado por el
Comité de Auditoría Parlamentaria, que es un organismo fiscalizador interno de recursos públicos.
¿Qué dijo la diputada?
El centro comunitario que lleva por nombre
"La Idea" es un lugar abierto a la comunidad, totalmente gratuito y que funciona desde 2014. En él trabajan profesores que deciden realizar sus labores
sin goce de sueldo a fin de preparar a los jóvenes para rendir la
PAES.
"En tiempos de mala evaluación de la política,
estoy dispuesta a asumir el costo de que me sancionen por albergar en mi oficina parlamentaria un preuniversitario gratuito, al que asistieron cerca de 200 jóvenes el último año", señaló la diputada Morales a La Tercera.
En esa misma línea, agregó: "Si prestar este servicio a la comunidad no forma parte de nuestras atribuciones, lo que tiene que cambiar es el reglamento de la
Cámara de Diputados".
¿A qué tipo de sanción se enfrenta?
Se estima que son
$10 millones en asignaciones parlamentarias, los que la diputada tendría que devolver si es sancionada. Esto se debe a que, para mantener el preuniversitario habría utilizado dinero fiscal, que es distinto al sueldo, puesto que este
se le entrega al parlamentario para realizar su labor.
Es por ello que el
Comité de Auditoría estableció criterios respecto al uso de este dinero, el cual se debe bloquear cuando se utiliza para fines que están fuera de las labores propias de un diputado, tales como la
creación de leyes, audiencias ciudadanas o reuniones de análisis político.
Este caso es similar al del
presidente Gabriel Boric, quien también fue sancionado cuando creó dicho preuniversitario e incluso defendió el uso del dinero fiscal, sin embargo tuvo que pagar
$450.000, monto que fue rebajado por la Comisión,
en el que se estimaba la devolución de los gastos operacionales de la iniciativa.