De acuerdo al fallo, el niño fue víctima de reitrado maltrato escolar, tanto físicos como verbales, a los que se sumó "el aislamiento por parte de la comunidad educativa, no solamente sus compañeros, sino que también los profesores".
El Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo condenó al colegio Diego de Almeyda de dicha ciudad, a pagar una indemnización de perjuicios de $20 millones por concepto de daño moral, a un alumno que fue víctima de maltrato escolar al interior del establecimiento.
El fallo ordenó, además, al demandado el pago de $10 millones a la madre del menor de edad y $1.052.708 por concepto de daño emergente a los demandantes, tras establecer el actuar negligente del colegio que no activó los protocolos de acoso escolar.
"Se acreditó de forma fehaciente que este establecimiento no activó el protocolo que todo colegio debe mantener para prevenir el acoso escolar y para actuar en caso que estos hechos se produzcan", afirmó el magistrado Ismael Fuentes Navarrete.
En esa misma línea, sostuvo que el estudiante fue "objeto de acto reiterado de maltrato, tanto físicos como verbales, a los que se sumó el aislamiento por parte de la comunidad educativa, no solamente sus compañeros, sino que también los profesores".
Fuentes determinó que el establecimiento "estaba en pleno conocimiento de esta situación, a la que pretendió bajarle el perfil normalizando la ocurrencia de esta clase de hechos”.
De acuerdo al fallo, los hechos ocurrieron durante los años 2018 y 2019, donde la víctima recibió reiterados "actos constitutivos de acoso escolar o bullying al interior del recinto" mientras cursaba sus estudios de enseñanza básica.
La resolución agrega que “durante el año 2018 el estudiante ya individualizado fue objeto de agresiones físicas por parte de sus compañeros, las que continuaron durante el año 2019, a lo que se agregó el aislamiento por parte de sus compañeros, siendo además objeto de burlas y vejámenes por parte de otros miembros de la comunidad escolar".
Además, todos los antecedentes fueron puestos "en conocimiento del establecimiento educacional, el que, pese a que la evidencia de la gravedad de los hechos nunca activó el protocolo que todo establecimiento de ese tipo debe mantener y observar para prevenir y abordar esa clase de situaciones, minimizando los hechos y eludiendo la responsabilidad que le cabe".