La iniciativa presentada por parlamentarios oficialistas busca "hacer expedita, eficiente y eficaz la investigación y posterior sanción" a los responsables de los desórdenes públicos. Diego Ibáñez, jefe de la bancada del Frente Amplio, explicó que su rechazo se debe a que el texto ponía "la propiedad por sobre la vida".
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca la designación de un fiscal exclusivo para la investigación de delitos vinculados a “desórdenes públicos y maltratos a la autoridad” durante las manifestaciones sociales que comenzaron el pasado 18 de octubre.
El documento presentado por nueve diputados oficialistas -ocho de la UDI y uno del Partido Nacional- señala que, si bien la Constitución garantiza el derecho de toda persona a “reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin arma”, muchas de las manifestaciones han terminado con “lamentables actos delictuales”, entre los que detalla saqueos, maltrato a personal de Carabineros, obstaculización del libre tránsito de la ciudadanía, entre otros hechos.
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Los parlamentarios del oficialismo señalan que es urgente “el restablecimiento de la paz y el orden público” y por eso solicitan que el Ministerio Público designe un fiscal especial “con la finalidad de hacer expedita, eficiente y eficaz la investigación y posterior sanción” a los responsables.
Igualmente, solicitan que se establezcan fiscales regionales exclusivos para indagar los delitos ligados a los desórdenes públicos.
Según indican, todo esto tiene por objetivo “separar de un modo claro y preciso el legítimo derecho de la ciudadanía a ejercer sus libertades y formular sus demandas a la autoridad, y la condena que ameritan aquellas personas por delitos perpetrados en contra de la propiedad pública y privada”.
FA: “No podemos dar ese tipo de gestos”
El proyecto se aprobó el miércoles 13 de noviembre en la Cámara con 66 votos a favor, 23 en contra y 27 abstenciones.
Los diputados que optaron por la negativa a la iniciativa pertenecen a distintos partidos de oposición: 18 forman parte del Frente Amplio (FA), como Gabriel Boric, Florcita Motuda, Giorgio Jackson, Pamela Jiles y Gael Yeomans, mientras que otros 3 son del Partido Socialista (PS) y 2 del Partido Comunista (PC).
El diputado Diego Ibáñez, jefe de la bancada del Frente Amplio, explicó que el rechazo al proyecto se debe a que “en su contenido colocaba en la escala de valores la propiedad por sobre la vida”.
“Hoy no podemos dar ese tipo de gestos. Cuando hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres abusadas sexualmente, no podemos darnos el lujo de hacer caso omiso y aplicar la facultad expresa que tienen los fiscales a daños de propiedad en vez de daños a los derechos humanos”, afirmó el parlamentario de Convergencia Social (CS).
Según Ibáñez, los representantes de su bancada permanentemente han convocado a manifestaciones pacíficas y también “a evitar los saqueos, las provocaciones y a cuidarse de los órganos del Estado, que hoy están de una u otra manera provocando a la ciudadanía”.
Además, consideró que los esfuerzos del Ministerio Público hoy deben estar enfocados en “proteger la vida, la integridad física y psíquica”.
La violencia no se detiene
La noche de este martes, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a todos los sectores políticos al diálogo y la paz, al mismo tiempo que condenó la violencia que a esa hora se vivía en las calles del país.
“La situación tiene que terminar y tiene que terminar ahora”, afirmó en ese momento. Y agregó: “La actual situación de violencia atenta contra la democracia y el Estado de Derecho, y vulnera libertades y derechos de todos, especialmente de los más vulnerables”.
Al día siguiente, en un gesto de respaldo, un grupo de representantes de la sociedad civil -entre ellos, la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, el ex gerente de Metro, Clemente Pérez y el empresario Juan José Santa Cruz- llegó a La Moneda para manifestar su apoyo a los anuncios del Ejecutivo.
Esto, precisamente, porque a casi un mes del estallido social en Chile, los episodios de violencia y desórdenes públicos siguen repitiéndose en distintas ciudades del país.
Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 2.009 personas han resultado heridas en medio de las manifestaciones sociales. De ellas, 42 han sido por disparos de bala, 643 por perdigones, 345 por armas de fuego no identificadas, 41 por balines y 938 por golpes, gases u otros artefactos.
A ellos se suman los 22 muertos en el contexto de las protestas sociales, luego que este miércoles se confirmara el hallazgo de un cadáver calcinado al interior de un supermercado incendiado en Arica.
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Por otro lado, Carabineros señaló que la noche del 13 de noviembre se registraron 187 detenidos a nivel nacional, además de 18 saqueos.
Sin embargo, el martes 12 fue calificado por la policía uniformada como “uno de los días más violentos que hemos tenido”, debido a que 341 carabineros resultaron lesionados en el país.
Hasta ahora, desde el 18 de octubre a la fecha, se contabilizan más de 3.500 detenidos por saqueos y 14.581 por otros delitos. De ellos, el 77% registra más de una detención.
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Dado lo anterior, el diputado Álvaro Carter (UDI) lamentó que los parlamentarios opositores no hayan adherido a la moción de pedir un fiscal exclusivo para investigar los hechos de violencia.
“Es insólito que aquellos que dicen estar en contra de la violencia, cuando en la Cámara pedimos que apoyemos la idea de pedir un fiscal especial y con dedicación exclusiva para combatir los desmanes y a los violentistas, el FA y el PC siempre están en contra. Llegó el momento de ponernos de acuerdo, lo que necesitamos es paz para Chile. Yo los invito a que se comprometan con la violencia y dejen de engañar a la gente”, afirmó a CHV Noticias.
14/11/2019
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