Durante la jornada de este viernes 27 de enero, el gobierno de Chile informó que entregará pensiones de gracia a 49 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.
“Este ha sido un proceso bastante lento, que comienza en ponernos de acuerdo en la forma en que se iban a hacer las solicitudes y el último ingreso de expedientes del INDH es del 7 de enero de 2022”, dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, según recoge La Tercera.
Las pensiones en concreto significan una asignación mensual de 217 mil pesos para casi medio centenar de personas afectadas por acciones de agentes del Estado, con relación a las protestas del pasado 18 de octubre de 2019.
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Las compensaciones fueron definidas por la Comisión de Pensiones de Gracia, organismo que depende directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Asimismo detallaron que las víctimas fueron divididas en tres grupos, dependiendo del grado de afectación.
En el primero están las personas fallecidas, luego quienes sufrieron traumas oculares irreversibles, y aquellos que presentaron lesiones gravísimas. Con respecto a que si el dinero se podrá extender a más ciudadanos, la autoridad de gobierno aseguró que dependerá del análisis que realice la comisión.
“Es difícil dar un número específico de pensiones que se otorgarán, pero hemos recibido más de 49 expedientes por parte del INDH. Cuando corresponda se otorgará la pensión de gracia a la persona afectada", añadió.
Cuestionamientos del INDH
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, cuestionó que solo sean 49 las víctimas que recibirán el beneficio.
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“El INDH desde diciembre de 2019 ha planteado la necesidad de una ley de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la crisis social. Hasta la fecha el Estado no ha sido capaz de saldar esa deuda", enfatizó.
“La única compensación que existe hasta el día de hoy es la que contempla la Ley de Presupuesto 2021 y la Ley de Presupuesto 2022. Allí se plantea que el INDH debe acreditar como víctimas de violaciones a los derechos humanos a las personas que hayan sufrido un menoscabo laboral permanente producto de los hechos acaecidos durante la crisis social”, agregó.
“Con esta acreditación, estas personas pueden solicitar una pensión de gracia a la Presidencia de la República. Un beneficio que dista mucho del daño provocado a las personas a las que se les vulneraron sus derechos”, sentenció.
28/01/2022
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