Desde la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recordaron que "el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario".
La situación que se esta viviendo actualmente en Cañete también ha causado repercusiones a nivel internacional.
En ese sentido, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó, a través de un comunicado, la muerte de un comunero mapuche en la comuna de Cañete, Región del Biobío. Además, expresó su preocupación por los incidentes ocurridos el 3 de noviembre.
Según señalaron, desde la ACNUDH recabaron información y llegaron a que "los hechos se dieron en el marco de controles vehiculares realizados por fuerzas policiales y militares en la ruta P-72 que une Tirúa con Cañete".
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"En este contexto, la Oficina recibió información de la muerte de Jordan Llempi Machacan (23 años) y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas", detallaron en el texto.
Por su parte, el representante de la Oficina para América del Sur, Jan Jarab, hizo un llamado a la autoridades y las instó a realizar una investigación rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz de los hechos ocurridos en la zona.
"La investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivaron en la muerte y las lesiones de estas personas, así como la plena identificación de los responsables", sostuvo.
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"Uso de la fuerza potencialmente letal"
Además, en el texto también recordaron al Estado de Chile que "el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente. Esta obligación debe ser cumplida por todas y todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas".
En esa misma línea, insistieron en la preocupación ante el Estado de Excepción que aún se mantiene en la macrozona sur, el cual permite el actuar de las Fuerzas Armadas.
"Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones", continuó Jarab.
Además, el texto señala que "en aquellas situaciones que excepcionalmente y de forma temporal se requiera la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a esta, cumplir con las leyes y estándares internacionales sobre uso de la fuerza aplicables a policías y deben rendir cuentas si fuese necesario".
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"Preocupa igualmente a la Oficina que las autoridades justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a 'actos terroristas' y los intentos de criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza", añadieron.
Jarab también enfatizó en que "aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación".
Finalmente, condenaron "el espiral de violencia en la zona" e hicieron "un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales". Además, Jarab recalcó que "la solución a la conflictividad crónica no será resultado de políticas y medidas de seguridad que favorezcan la militarización en la zona, sino del diálogo y el reconocimiento de las demandas históricas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche".
"La Oficina solidariza con las víctimas y sus familiares y reitera su más plena disposición para cooperar con el Estado de Chile y actores políticos y sociales en la búsqueda de soluciones constructivas que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos", cerraron.
05/11/2021
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