La doctora Isabel González, abogada y acádemica de la Universidad Central, ahondó en el insólito caso que ha conmocionado a la opinión pública y explicó qué dice la legislación respecto al actuar de la religiosa.
Un día después del hallazgo en Ñuñoa de una bolsa que contenía un cadáver, las dudas en torno al caso poco a poco se han esclarecido y hoy se dieron a conocer nuevos antecedentes que dan luces sobre lo ocurrido.
En horas de esta mañana, funcionarios de la Policía de Investigaciones realizaron un allanamiento en un domicilio de la comuna, específicamente, perteneciente a dos monjas de avanzada edad.
Esto debido a que, según la policía, la maleta con el cuerpo habría sido abandonado por una de las religiosas luego de un curioso acuerdo que pactó con la persona fallecida, quien también era su amiga, hace aproximadamente un año.
En vista de lo anterior, aún cuando el insólito pacto consistía en una especie de modus operandi en caso de que una de las dos amigas muriera, la dra. Isabel González, abogada y académica de la Universidad Central, advirtió que la mujer habría incurrido en faltas a la legislación vigente.
En conversación con CHV Noticias, comenzó hablando en torno a la presencia de una eventual inhumación ilegal. "Es una figura bien extraña porque (...) la inhumación requiere de haber enterrado un cuerpo y aquí no hay entierro", explicó.
Aún así, advirtió que se podría tratar de una infracción sanitaria de la monja por "no dar cuenta del fallecimiento", hecho que guarda relación con el artículo 173 del Código Penal, mismo también abordó.
La abogada hizo hincapié en dicho artículo porque habla "precisamente de cuando una persona, teniendo conocimiento del paradero de un cadáver, lo oculte de modo reiterado en el tiempo". Es decir, sería un trato degradante que atentaría contra la integridad moral.
"(Ocultar información sobre un cadáver) es un daño a la familia, a la sociedad y a las personas que la aprecian y la quieren", reflexionó, sin embargo, añadió que "curiosamente no existe aquí parientes o personas que preguntaran por esta persona".
No obstante, aseguró que "en todo caso, este daño respecto al cadáver se comete con toda la sociedad si es que no tenía pariente, y podría ir con una multa o de 61 hasta 541 días de prisión".
Para concluir, González fue enfática al señalar que será Fiscalía quien tendrá que establecer el delito en cuestión: "estaríamos entre la inhumación ilegal o podríamos estar hablando de este delito que afecta, como se diría, a la protección moral a la sociedad, familia y seres queridos".
"El ocultamiento de un cadáver generalmente está vinculado a la inhumación ilegal, pero yo creo que es un tema que todavía no está claro... porque tiene que ver con los tratos degradantes que se dan a un cadáver, si lo desmembran, lo rompen o le crean heridas", señaló.
"Pero en este caso, al parecer, no hay trato degradante. En definitiva, lo que hizo fue afectar a la familia que no hay, entonces, (lo hizo) a toda la sociedad. Pero eso lo va a tener que dilucidar Fiscalía", cerró la académica.