Round judicial: Toma de terreno en Cerro Navia enfrenta a la Fiscalía con ministerio de Giorgio Jackson - Chilevisión
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13/01/2023 12:21

Round judicial: Toma de terreno en Cerro Navia enfrenta a la Fiscalía con ministerio de Giorgio Jackson

El Ministerio Público Centro Norte solicitó a la Corte de Santiago que ordene al Ministerio de Desarrollo Social la entrega de información contenida en el Registro Nacional de Hogares, para identificar a quienes mantienen tomado un predio en esa comuna de 2019. En el caso hay 23 formalizados, 13 de los cuales no pueden acercarse al lugar y otros siete que accedieron a una salida alternativa. Sin embargo, el regional Xavier Armendáriz asegura en su escrito existen “a lo menos decenas de familias y hogares en el interior del bien raíz”. De hecho, asegura que la PDI no ha logrado hacer diligencias, ya que son repelidos con violencia apenas aparecen. Los únicos ojos que ha tenido para observar con detalle qué ocurre en la toma, asegura el persecutor, ha sido un dron. El documento lo revela CHV Noticias.

Publicado por Bruno Delgado
El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que ordene al Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) la entrega de información contenida en el Registro Nacional de Hogares (RSH), para encontrar a las personas que residen al interior de una toma en Cerro Navia que se prolonga desde 2019. La solicitud se enmarca en una investigación -cuya tramitación judicial es reservada- por el delito de usurpación no violenta, en el predio “La Engordita” de 22 hectáreas, hoy conocido como la “Toma 17 de mayo”. De acuerdo al escrito al que accedió CHV Noticias, el Ministerio Público ha realizado “diligencias infructuosas” con la PDI para individualizar a una serie de imputados “sin lograr resultados”. “(...) los imputados al interior del predio usurpado no han colaborado con la investigación. Prueba de ello es que los ocupantes del predio se han negado a dejar ingresar a los funcionarios policiales que concurrieron al lugar en cumplimiento de instrucciones del Ministerio Público”, detalla la presentación. Y agrega: “Incluso en una ocasión agredieron a funcionarios de la Policía de Investigaciones con piedras, quienes debieron huir del lugar para proteger su integridad física. De esta manera los ocupantes han decidido asentarse permanente en el predio usurpado, cercando el espacio físico e impidiendo el acceso a terceros”. La decisión del Ministerio Público, se lee, no fue antojadiza, ya que en distintas oportunidades inquirió los datos tanto a la cartera, como a la sede comunal. Ambas respondieron que estos últimos tenían el carácter de confidenciales y que solo por la vía judicial accederán a su entrega. Entre la información solicitada a la sede edilicia, por ejemplo, están las personas que integran los comités de viviendas y quiénes han recibido el Ingreso Familiar de Emergencia. Actualmente, en el caso existen 23 formalizados por el delito de usurpación no violenta. Trece de ellos tienen prohibición de acercarse al terreno y siete se acogieron a la suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, Armendáriz busca formalizar a otros habitantes del lugar. “De los antecedentes contenidos en los diversos informes policiales que han hecho un muestreo a través del tiempo del desarrollo de la toma (...) se puede llegar a la conclusión de que el número de usurpadores (...) es mayor al número de formalizados en la presente causa (...) existiendo a lo menos decenas de familias y hogares en el interior del bien raíz”, detalla la presentación. Y cierra: “De no mediar la dictación de lo solicitado (...) es factible plantear que será imposible la individualización completa de todos los ocupantes lo cual afecta directamente los derechos de la víctima (...)”. Hay que recordar que la Corte Suprema durante 2022 ordenó desalojar predios tomados por particulares en distintas regiones del país, validando así el derecho de propiedad. Uno de los fallos más recientes se conoció a fines de noviembre cuando el máximo tribunal ordenó que un grupo de 85 personas -en un plazo de seis meses- sean expulsadas de una propiedad en la zona de Reñaca, en Viña del Mar. Por esta razón es altamente probable que el escrito de Armendáriz corra con ventaja en el tribunal de alzada capitalino.

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