El ex seremi Carlos Contreras y el representante de la fundación, Daniel Andrade, deberán ser procesados luego de que se identificara perjuicio fiscal por más de 390 millones.
El
Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra el
ex seremi de Vivienda de Antofagasta,
Carlos Contreras, y contra el
representante legal de la fundación “Democracia Viva”,
Daniel Andrade, ambos como
autores del delito de fraude al Fisco.
La medida fue presentada ante el
Juzgado de Garantía de Antofagasta, originándose luego de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el
Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del
Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región,
inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos.
Sobre esto,
Contreras sin involucrar a otras autoridades sobre el procesos de asignación,
infringió el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal.
De acuerdo con
la querella, se identificó que
se suscribieron al menos tres convenios de transferencias de fondos con la
Fundación Democracia Viva, organización representada por
Daniel Andrade, con quien el exseremi sostenía un vínculo de público conocimiento, causando con ello
un fraude al fisco de a lo menos $391.768.516.
Además, el
Presidente del Consejo de Defensa del Estado,
Raúl Letelier señaló que “estamos frente a un caso en que la administración de los recursos
se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello
no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco”.
“La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que
apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y
provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal”, agregó.
02/09/2023
15:28
