El alcalde de Recoleta se defendió de los delitos que se le imputan y reiteró su inocencia en el caso que se remonta a mediados de 2022. Asimismo, el jefe comunal levantó sus sospechas por el avance en el proceso justo en un año eleccionario.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respondió a la solicitud de formalización ingresada por la fiscal Giovanna Herrera en el marco de las indagatorias por el caso de Farmacias Populares.
Una investigación que se remonta a mediados de 2022 y que derivó en la imputación de los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en contra del jefe comunal.
Respecto de este paso en el proceso legal, el edil destacó que "por fin ejerceré mi derecho a defensa", reiterando su inocencia en lo acusado.
"Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correo y todo lo necesario", expuso la autoridad, afirmando que "en la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa queda establecido con absoluta claridad que no hay ningún peso que provenga de acciones ilícitas".
En ese sentido, el alcalde fue enfático en señalar que "ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad, (porque) siempre hemos actuado apegados a la ley y de buena fe".
"¿Alguien en su sano juicio puede esperar que yo, un alcalde elegido democráticamente por amplia mayoría en tres ocasiones, eche por la borda una impecable gestión de todo un equipo municipal?", complementó.
Al cierre de su réplica, Jadue dejó entrever su suspicacia por esta decisión de formalización en un año de elecciones municipales: "No logro entender tanta espera en una investigación en la que les aseguro saldré totalmente inocente".
Después de casi tres años de investigación desformalizada, por fin ejerceré mi derecho a defensa como Alcalde de Recoleta! pic.twitter.com/8PPC9yDRxF— Daniel Jadue (@danieljadue) April 2, 2024
La acción judicial iniciada hace dos años fue presentada por uno de los proveedores de Achifarp, la empresa Best Quality. Una querella que recayó contra Jadue tras acusar una millonaria estafa mediante la adquisición de mascarillas para el COVID-19.
De esa forma, el caso quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y así se comenzó a desenmarañar, además, presuntas solicitudes de coimas desde la Achifarp que en ese entonces era encabezada por el alcalde, y con la finalidad de adjudicar la compra de insumos a la compañía mencionada.
En ese sentido, una declaración del vendedor y comisionista de Best Quality SPA, César Ramírez, fue la que encendió las indagatorias. Y es que éste se denunció ante el Ministerio Público por el delito de soborno.
Daniel Jadue fue citado a declarar y posterior a ello entregó una declaración pública donde desmintió todas las acusaciones.
“Es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es de un estafador confeso conocido en nuestro país que inventa esto para extorsionarnos y amenazar con dañar la candidatura presidencial si no le pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable”, acusó en ese entonces.