Un aparcadero de vehículos, funcionarios de
Carabineros sobornados y carreras clandestinas que nunca existieron. Estos fueron los principales elementos que dieron origen a una organización criminal, hoy conocida como el
"Caso Grúas".
En concreto,
efectivos policiales fueron sobornados para sacar automóviles de circulación bajo el supuesto motivo de estar participando en carreras clandestinas. Ahí es cuando entra el
Aparcadero Custodias Nacionales (ACN), que retiraba dichos vehículos y cobraba por este servicio. Todo esto bajo la mirada de los administradores de la empresa
, Francisco Cortez Lovera y José Williamson Poblete, ambos imputados en la causa.
Sin embargo,
el principal gestor de esta planificación era el entonces Jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, ex general Manuel Valdés Pinochet, quien accedió al ilícito trato.
De acuerdo a la
Fiscalía,
el rol de Valdés consistía "en recibir instrucciones por parte del cabecilla, el imputado Cortez Lovera, a efectos de propiciar el envío de vehículos retirados" al aparcadero ubicado en la comuna de San Bernardo.
De carácter privada,
ACN ofrecía servicios de grúas, almacenamiento, transporte y arriendo de vehículos desde 2015, mismo año en que según la sentencia al ex general comenzaron los intentos de sobornos por parte de sus dueños.
Valdés no fue el único carabinero involucrado, el teniente coronel
Ismael Cid Riffo cobró más de $40 millones en coimas y actuó como reclutador de otros uniformados para corromperlos en favor de ACN.
En mayo de 2020, Cortez Lovera y el ex general Valdés se reunieron en un restaurant de Recoleta
. El empresario le entregó a la autoridad policial la suma en efectivo de $4 millones. Dos meses después, se realizó el operativo que dejó al descubierto el ilícito.
La empresa obtuvo ganancias por sobre los $200 millones gracias a que distintas comisarías le enviaban los vehículos. En cuanto a los dueños de ACN, Williamson deberá pagar una multa de $23 millones más cinco años de libertad intensiva vigilada y Cortez tendrá su juicio en los próximos meses.
En tanto,
siete funcionarios de Carabineros -además del ex general Valdés- fueron sentenciados a cinco años de libertad intensiva vigilada y deben pagar la multa de $8 millones.