Felipe Rojas, único detenido por el homicidio de la joven embarazada, manifestó su descontento con un operativo policial donde lo fueron a buscar a su trabajo, 18 días después de la desaparición.
El hallazgo de los restos de Fernanda Maciel, luego estar más de 500 días desparecida, ha causado gran repercusión a nivel nacional.
La joven, que al momento de desaparecer estaba con un embarazo de siete meses, fue encontrada en una casa que funciona como bodega en calle Llaima de Conchalí, a solo algunos metros de su casa.
El cuerpo estaba cubierto de cal y bajo una losa de cemento, en un lugar donde anteriormente se habían hecho al menos seis excavaciones para encontrarla. En ninguna de esas ocasiones se tuvo resultados positivos. Hasta este lunes.
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El único detenido por este homicidio es Felipe Andrés Rojas Lobos (25). El imputado trabajaba en la mencionada bodega, por lo que habría tenido las llaves del recinto.
¿Cómo se llegó a él? Gracias a una declaración de la ex pareja. Ella aseguró a la policía que había una pista que no entregó en su momento.
Se trata de una confesión que habría realizado el acusado, en la que le indicó que sostuvo una pelea con Fernanda al interior de la vivienda y que terminó empujándola. Producto de esto le habría provocado la muerte. Aunque el peritaje entrega otra respuesta.
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“Siento mucho temor por lo futuro”
Rojas siempre estuvo en la carpeta investigativa en calidad de sospechoso. De hecho, el 28 de febrero (18 días después de la desaparición) personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos fue a buscarlo a su trabajo, para que prestara declaración.
Además, habría sido presionado para que los dejara entrar a su casa (era vecino de Fernanda) y también le retuvieron su celular. Al verse vulnerado en sus derechos, el ahora imputado por homicidio decidió interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago el 6 de marzo del 2018.
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Así lo consignó este miércoles Lun, donde reveló lo que decía el escrito a mano: “Dejo constancia que el día miércoles 28 de febrero del 2018, personal de carabineros (SEBV) me fue a buscar a mi trabajo para tomar declaración simple, la cual se extendió por más de dos horas. Además de la presión hacia mi persona bajo engaño, me retienen mi celular hasta la fecha y bajo presión me solicitan dejarlos entrar a mi domicilio, argumentando que si me niego van a conseguir ésta (orden) con un fiscal, por todo lo anterior siento mucho temor por lo futuro”.
Adela Lobos, madre de Felipe, también entregó su versión. “Fui víctima por desconocimiento legal de mis derechos al sufrir un allanamiento de morada el cual, al finalizar, me ponen una carpeta en donde un carabinero me dice que firme, al preguntar a qué se debe la firma, solo me dice que es por el registro, quiero acotar que ellos estuvieron solos revisando ya que nosotros se nos negó la entrada y no me dieron opción de leer lo que firmé”.
Ante esta acusación, carabineros respondió a la corte con un informe en el que se especificaba que el ingreso a la casa fue autorizado tanto por Felipe, como por su madre. “No se incautó especia alguna, no se provocaron daños a la propiedad y no hubo personas lesionadas”, agregaron.
El 9 de marzo Rojas recibió devuelta su celular, tres días después de interponer el recurso. Un día después, la Corte de Apelaciones lo rechazó. “No se advierte vulneración a garantías constitucionales protegidas”, indicaba la resolución.
26/06/2019
08:05
