El ex jefe de la policía civil, Héctor Espinosa, perdió el rumbo a poco de retirarse de la institución en la que permaneció 42 años. Hoy está ad portas de enfrentar un juicio por blanquear 146 millones, falsificar documentos públicos y malversar recursos estatales junto a su esposa. La presentación que lo formalizó por primera vez en 2021 es desconocida hasta ahora íntegramente. Esta noche podrá conocer toda la evidencia económica que lo incrimina y el escrito completo de 46 páginas preparado por el fiscal a cargo, Eugenio Campos en el noticiario Central de CHV Noticias. Imperdible.
El uso de los gastos reservados que manejan algunas entidades del Estado tienen una característica que los define: el secreto. Ese dinero se mueve en una zona de opacidad, porque se utiliza a discreción y basta un papel firmado para acreditar su buen uso. Figuran en la caja fuerte o en la cuenta bancaria del Ministerio de Defensa (y por extensión las FF.AA.), la Presidencia, Cancillería, la Agencia Nacional de Inteligencia, entre otros. Uno de esos otros es la Policía de Investigaciones (PDI).
Entre 2015 a 2017, la Dirección de Presupuesto (Dipres) -dependiente de la cartera de Hacienda- le asignó a la institución más de $1.099 millones. Entre esas anualidades, fungía como director de la PDI, Héctor Espinosa; un funcionario de carrera, de familia humilde con nueve hermanos que llegó a la cúspide y que se ganó el respeto de sus pares y subordinados, porque nunca trepidó en defender la acción de los detectives. Incluso la institución no tuvo casos de violaciones de Derechos Humanos durante el estallido social y modernizó las brigadas investigadoras contra el crimen organizado. En suma, una suerte de héroe, pero que escondía muy bien al villano.
Durante esos años, además, la entidad de chaqueta azul investigó el blanqueo de capitales de un ex comandante en jefe del Ejército, de organizaciones criminales nacionales y extranjeras que operaban en Chile y si retrocedemos en el tiempo, las platas de Pinochet en el banco Riggs. Dicho de otra forma, conocía al dedillo las fórmulas investigativas para acreditar delitos.
Por ello, pocos se explican que Espinosa se apropiara para beneficio personal más de $146 millones de pesos provenientes de los gastos reservados y los depositara en su cuenta bancaria. Sensación de impunidad o candidez para darle apariencia de legalidad a la plata, lo cierto es que a fines de 2020, el Ministerio Público inició una investigación en su contra por malversación, falsificación de documento público y lavado de dinero. Como persecutor a cargo fue designado el jefe regional de Magallanes, Eugenio Campos, funcionario con vasta experiencia en estos ilícitos, porque investigó el caso llamado “Pacogate” donde las arcas fiscales perdieron más de 30 mil millones.
Campos buceó en las cuentas bancarias de Espinosa y su cónyuge; revisó depósito a depósito, el pago de impuestos, viajes, viáticos, estilo de vida, propiedades, autos y todo aquello que representara un signo peso. Pidió información a la banca y a la Unidad de Inteligencia Financiero, al SII, Tesorería e incluso a la misma PDI cuando Espinosa dejó el cargo a mediados de 2021.
La entrevista
Espinosa sabía que era investigado cuando le quedaba un año en el cargo. En una entrevista que otorgó a Radio Bío Bío ad portas de su partida, aseguró: “En Chile a veces no se gastan los recursos necesarios en inteligencia".
Y agregó con tono firme: "(...) Yo estoy tranquilo e iré a declarar cuando sea necesario (...), es extraño que una investigación delicada, de un fiscal que se supone es un fiscal responsable, la esté filtrando a la prensa. Y sé que va a decir que no fue, pero él es el responsable de la investigación. Qué quiere que le diga”.
Como fuera y más allá de sus dichos, Campos lo formalizó a fines de 2021 por los ilícitos mencionados junto a su cónyuge. El tercero en la línea delictual y que confesó cómo operaba Espinosa con el dinero secreto fue su ayudante, el comisario Eduardo Villablanca que también enfrenta cargos.
Por orden de Espinosa, este último retiraba la plata de los gastos reservados y la depositaba en la cuenta del entonces director. Lo hizo en varias oportunidades y en la investigación invocó la obediencia debida.
Pero Campos profundizó en la indagatoria y el pasado 9 de agosto lo reformalizó ante el Séptimo Juzgado de Garantía para precisar los ilícitos mencionados.
El documento de 46 páginas que dio origen público al caso en 2021 y permitió su prisión preventiva y luego el arresto domiciliario, es hasta ahora desconocido íntegramente.
En él se describe detalladamente toda la operatoria del ex policía que alcanzó la cúspide, que ingresó a la institución para mantener a la familia, que partió su carrera en la Región del Biobío, que permaneció 42 años en la PDI, que forjó contactos políticos y modernizó a la institución, pero que antes del retiro aprovechó “la ocasión”. El resto del aforismo, es conocido por todos.
Lea la presentación completa:
28/08/2022
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