El presidente Sebastián Piñera está bajo la lupa por su presunta vinculación con la compraventa de la cuestionada minera Dominga, tras revelarse una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, denominada Pandora Papers, y que apunta a operaciones económicas relacionadas a este proyecto catalogado como controversial por su impacto medioambiental.
De acuerdo con lo indicado por los medios chilenos Ciper y LaBot, el jefe de Estado -tiempo después de iniciar su primer periodo presidencial- habría realizado la transacción de compraventa con el empresario y amigo, Carlos Alberto Délano, quien fue formalizado además por el Caso Penta. Pero sumado a ello, el proceso lo habrían concretado en las Islas Vírgenes Británicas.
En dicha instancia, se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última clausura dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto; es decir, que dicho territorio no fuese declarado como reserva nacional, parque nacional o zona de exclusión.
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Frente a esta situación, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó a abogados de la Unidad Anticorrupción indagar los antecedentes relacionados al caso, para determinar si es que existe la eventual comisión de delitos que permitan iniciar una investigación penal de oficio.
Respecto a las complicaciones judiciales que tendría el mandatario tras las nuevas revelaciones, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, sostuvo en conversación con CHV Noticias que "primero hay que partir por la presunción de inocencia de todo ciudadano, en consecuencia, sí creo que lo mejor para salir de esto es a través de una investigación. Lo mejor es que se investiguen los hechos y se esclarezcan por cuanto que son hechos bastante relevantes".
En ese sentido, Arias señaló que "en teoría y sin conocer los antecedentes completamente, los hechos que revestirían carácter de delito podrían ser tráfico de influencia. que se configura cuando un funcionario público intercede en relación a otro funcionario público para que este a su vez adopte una decisión favorable a él o su familia".
Sobre la polémica cláusula del tercer pago del contrato, afirmó que "es bastante relevante por cuanto podría ampliar el caso de la prescripción que hubiese estado cumplida, por ejemplo. Esto es que el delito no se hubiese cometido en esa instancia, sino que se siguiera aún cometiendo, porque aún estaría en poder del gobierno a través de los ministros y seremis la aprobación o no de una zona protegida en el lugar o de la resolución de calificación ambiental".
El fiscal afirmó que este último antecedente implicaría una nueva causa y no se reabriría la anterior investigación que viene desde 2010: "La otra ya está con sobreseimiento definitivo, firme y ejecutoriado (...) Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Tendría que darse en ese caso que sea un mismo hecho y un mismo sujeto, el sujeto ya lo tenemos bastante claro y el hecho habría que dilucidarlo. Si fuera nuevo, la fiscalía estaría en condiciones de iniciar una investigación de oficio si quiera".
"La investigación anterior pasó todos los filtros institucionales, o sea no era una decisión autónoma de la Fiscalía, sino que se presentó ante un juez de garantía que aprobó ese sobreseimiento. Luego se apeló ante la Corte de Apelaciones, que confirmó el sobreseimiento, y luego el querellante fue de queja a la excelentísima Corte Suprema, que lo rechazó", agregó.
Asimismo, declaró que "en consecuencia, los antecedentes indican que la institucionalidad operó y tuvo las suficientes revisiones. Ahora en cuanto que sea una auditoría en la Unidad Anticorrupción, yo creo que no, lo más probable es que en este caso se estén analizando los antecedentes para ver si hay mérito para iniciar una rueda de investigación de oficio por parte de la Fiscalía Nacional".
05/10/2021
16:30
