Polimá es un joven haitiano que cada día timbra decenas de boletas de empresas constructoras y de demolición. Las apila bajo piedras, en una improvisada caseta de lona que lo resguarda del polvo que levanta una fila interminable de camiones en Avenida Santa Luisa.
Al acercarnos a él para preguntarle quién es el encargado del recinto, el joven extranjero contestó sin desconfianza: "Él se llama Pablo Vega".
Este inmigrante es el rostro visible de un vertedero ilegal que opera en Quilicura y que, por supuesto, no cuenta con resolución sanitaria.
Los clientes son tan variados como el panorama multicolor de residuos que van carcomiendo las áreas verdes en dos amplios terrenos que flanquean el contaminado Estero Las Cruces. Es una millonaria fuente de ingresos para el hombre que los explota.
Las boletas de unas siete empresas están ordenadas sobre la mesa que sirve a Polimá de escritorio, y apenas era medio día. Son sólo algunas de las empresas de transporte y demolición que envían a sus choferes diariamente a arrojar millones de metros cúbicos de todo tipo de residuos en este lugar no autorizado.
Es decir, el vertedero ilegal podría recibir un centenar de camiones diarios, que a un precio promedio le reportarían 15 millones de pesos a Vega. Es decir, más de 300 millones al mes.
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Juan Pablo Vega Lazo ha pagado todas las multas que le han cursado, pero su negocio sigue funcionando. Y es que el bajo monto económico con el que se castigan estas infracciones - unos dos millones de pesos - holgadamente le permite cubrir el pago con un día de trabajo.
El polvo suspendido en el horizonte indica el área de tránsito y de descarga. El estudiante de periodismo de la Universidad Finis Terrae, Pablo Nettle, quien realiza una investigación para su reportaje de título junto a tres compañeras, también recorrió ese camino y llegó hasta las oficinas del vertedero para preguntar por “el jefe”. La respuesta fue inmediata: Pablo Vega.
“Él en todo momento me desmintió la situación. Me dijo que él no estaba a cargo de este botadero”, asegura el joven que fue increpado duramente por Vega.
Aunque quisimos contactarlo, Vega Lazo no aceptó reunirse con nosotros.
Llama la atención que el municipio de Quilicura haya autorizado el 21 de marzo del 2017 un contrato directo con Pablo Vega por el arriendo de maquinaria para “evitar una emergencia sanitaria a futuro, ya que actualmente la comuna presenta focos de micro basurales en diferentes sectores de la comuna”.
El alcalde Juan Carrasco no estuvo disponible para recibirnos. Sí lo hizo el director de Obras, Juan Antonio Muñoz, quien ante nuestra consulta de si era contraproducente que Vega tuviera contratos con la Municipalidad de Quilicura a través de Mercado Público, aseguró desconocer esa situación “que debe ser de tiempos anteriores cuando él se dedicaba a esta actividad ahí en Santa Luisa”.
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Pero el dueño de una de las empresas de demolición que vierte los residuos en el terreno, desmiente a la autoridad de obras de la Municipalidad. Asegura que hace mucho tiempo Pablo Vega se dedica a este negocio.
“Es raro oiga, porque como le vuelvo a repetir, fácil 10 años que se está botando ahí. O cinco años mínimo que está trabajando el Pablo, el Pablo Vega", sentencia.
Al otro lado de Santiago, el alcalde de Buin, Miguel Araya Lobos, reconoce lo difícil que ha sido combatir a estas mafias. “Lamentablemente se reorganizaron y estamos jugando al gato y al ratón”, afirma Araya.
El combate contra estas redes casi le cuesta la vida al ingeniero de la municipalidad, Rodrigo Ortúzar, el día que fiscalizó a un camión en la ribera del Río Maipo. “La intención era matarme”, recuerda el inspector e ingeniero, cuyo cuerpo fue aplastado por la rueda de un camión de 10 toneladas.
“Me coloco de espalda al camión, porque nos superaban en número.
Ya estaban bastante agresivos, entonces uno de ellos me agarra de los brazos, me impide que yo me mueva y el camión me agarra la pierna izquierda, me bota el camión y me pasa por encima, me pasa por la pelvis y me atravesó las costillas", declara Ortúzar.
"En eso que pasa la primera rueda yo me giro y mi compañero me toma, me arrastra, para que no pase la segunda rueda sobre mi cuerpo. El camión ahí se dio a la fuga”, asegura.
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En la misma ribera del Maipo donde Ortúzar casi pierde la vida, los alumnos de periodismo descubrieron otro vertedero ilegal ubicado en calle Virginia Subercaseaux 1700.
“Siempre llegábamos entre las 10 de la mañana hasta como las cinco o seis de la tarde y lográbamos ver entre 30 y 35 camiones, una y otra vez. Era un flujo constante”, asegura la estudiante Catalina Munizaga.
Descubrieron que por cada camión, el dueño del terreno cobraba 10 mil pesos. Sacaron cuentas y estimaron en cerca de seis millones de pesos mensuales las posibles utilidades de este vertedero ilegal.
Su dueño, el ingeniero Ricardo Ramírez Navarrete, niega estas acusaciones. “No pagan absolutamente nada... es material limpio el que han ido dejando ahí y es lo que se ha ido rellenando, no es basural ni nada. Al río no lo he tocado, sigue el mismo curso que tenía. Todo lo que hice fue rellenar al lado con el objeto de que no se me desmoronara a mí, ni tampoco el G-49 que es el camino público.”
El inspector Rodrigo Ortúzar confirma lo contrario. “Sí ha ido ganando terreno hacia la ribera del río”. Efectivamente, es muy notorio el cambio que ha experimentado este sector en los últimos años. Las hectáreas que ha perdido el Maipo, las ha ganado el dueño de la propiedad.
En el Conservador de Bienes Raíces, el terreno de Ricardo Ramírez figura con 41 mil metros cuadrados, pero él presentó un reclamo judicial argumentando que su terreno es de 79 mil metros cuadrados. Es decir, casi el doble. Alega que el relleno responde a los trabajos que se vio obligado a realizar debido a las mutaciones naturales por las crecidas del río.
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La Dirección General de Aguas advirtió a Ricardo Ramírez para que destruya las obras no autorizadas en 30 días. Ha pasado un año y esa orden aún no se cumple. El mismo tiempo lleva durmiendo una multa en el juzgado de Buin.
La seremi de Salud, Rosa Oyarce, fue enfática al señalar que las municipalidades cuentan con una herramienta para combatir esta problemática que se extiende a lo largo y ancho de la Región Metropolitana, donde existen alrededor de 80 vertederos ilegales.
La ley 20.879 del Ministerio de Transporte faculta a los municipios a fiscalizar y sancionar el traslado de residuos a estos lugares no autorizados.
Le preguntamos al municipio de Quilicura si ha fiscalizado de esta manera, pero no obtuvimos respuesta. Al consultarles en qué organismo recae la responsabilidad de clausura, el director de Obras aseguró que “la facultad la tiene la Seremi de Salud, la autoridad sanitaria, porque aquí realmente se está contraviniendo una norma sanitaria.”
La seremi de Salud responde enérgica: “no todo se lo pueden cargar a la Seremi de Salud. No todo se lo pueden cargar a otras instituciones. Si aquí están los municipios que tienen que ponerse las pilas. ¿Cómo la alcaldesa de San Bernardo se puso las pilas y seguía día y noche a los camiones con sus carabineros y los sancionaba y le pasaba partes? ¿Por qué otros municipios no son capaces de eso?”
Con los antecedentes de este reportaje, la seremi Oyarce ordenó la inspección de ambos vertederos e inició sumarios sanitarios al comprobar la veracidad de la denuncia. También realizó un anuncio importante, declarándole la guerra a las mafias de los vertederos ilegales. “No vamos a permitir, no más esta situación. Ya lo hemos concordado con jurídica que así va a ser. Desde ahora, las multas van a partir desde 500 UTM que son sobre 25 millones”.
25/08/2019
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