A poco más de un mes del estallido social en Chile, hicimos un listado con algunas de las peticiones ciudadanas más escuchadas en las calles. Las analizamos bajo la lupa de dos académicos, que nos dirán cómo una nueva Constitución puede dar respuesta a esas demandas.
18 de octubre, Chile. Gente en las calles, protesta, rabia y catarsis social. El comienzo de un movimiento que pidió cambios profundos al sistema, a los abusos, a todo. Desde la calle hasta el Congreso, desde un subsidio hasta una nueva Constitución. Así transitó el país en su mes más convulsionado desde la vuelta a la democracia y que vivió su día más histórico la madrugada del 15 de noviembre pasado: acuerdo transversal para cambiar la Carta Magna hecha en dictadura.
En este reportaje expondremos una lista con varias de las demandas ciudadanas que más se repitieron en este estallido social.
En cada una de las peticiones, expuestas por un actor relevante que las ha representado como vocero, dos expertos, Claudia Heiss, politóloga, doctora en el ramo y jefa de carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, junto a Javier Couso, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Diego Portales, las explicarán y aterrizarán para ver cómo se entrecruzan con una nueva Constitución, y si esta las resuelve o no.
Lee también: ¿Cómo se preparan y cuánto saben? Así es un taller de DD.HH. en CarabinerosRocío Jara, conocida hace unas semanas por contar en un reportaje de CHV Noticias cómo es vivir con el sueldo mínimo, explica la demanda que más le afecta: “Yo creo que lo principal que debiera resolverse es sobre el sueldo mínimo. El costo de la vida no está en ninguna relación con lo que es el sueldo mínimo de hoy. Lo que uno paga de arriendo, lo que uno gasta en alimentación, en locomoción”.
Profesores responden:
Javier Couso: “El costo de vida no es algo que la Constitución tenga mucho que decir acerca de eso. Pero hay constituciones, por ejemplo, la colombiana, que no establece un sueldo mínimo, pero estableció lo que se llama un mínimo vital. Podría haber una norma que dijera que es obligación del Estado proveer de un mínimo vital a un núcleo familiar”.
Claudia Heiss: “Son demandas más bien de política pública que se definen en acción legislativa ordinaria. El problema es que nuestra Constitución establece un marco general de mucha desprotección del Estado en todos estos temas, y en ese sentido, una nueva Constitución podría ser un avance significativo en establecer lo que se llama un estado de bienestar”.
José Luis Espinoza, de la Mesa Social por el Derecho de la Salud, sostiene que “la principal demanda para resolver el tema de la salud en Chile es hacer un cambio profundo en el modelo de la salud pública. Debemos garantizar el derecho a la salud en la Constitución Política de la República”.
Profesores responden:
Claudia Heiss: “Hoy, con la Constitución del '80, hay un artículo 19, número 9. Dice que la salud podrá ser provista por instituciones públicas o privadas. O sea, establece, consagra que constitucionalmente que debe existir la opción de elegir salud pública o salud privada. Y eso impide tener un sistema, por ejemplo, como el del Reino Unido, que es un sistema de provisión universal de salud donde se atienden todos los británicos. Esto sale con la hoja en blanco que elimina la Constitución del '80, y vamos a poder conversar sobre qué sistema de salud queremos”.
Javier Couso: “Nuestra Constitución prohibiría que se estableciera un sistema como el británico, un servicio nacional de salud único, que lo que busca es que todos los británicos tengan más o menos el mismo nivel de acceso a la salud. En Chile, dado nuestro ingreso per cápita, podríamos establecer un servicio nacional de salud único, pero la actual constitución lo prohíbe”.
Lee también: “Debo $20 millones en autopistas”: El drama de los que no pueden pagar el TAGEmilia Schneider, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile: “Desde la educación, que es el área que a mí me toca representar, creo que la demanda que ha cobrado más fuerza durante el último tiempo es poner fin al endeudamiento estudiantil y la condonación de la deuda de créditos como el CAE, como el Corfo, como el Fondo Solidario”.
Profesores responden:
Claudia Heiss: “Aquí tiene mucho impacto el tema de las Leyes Orgánicas Constitucionales. Son 18 leyes especiales que tienen un quórum para ser modificadas no de mayoría absoluta, que es la mitad más uno, sino de 4/7 de los votos. Y nuestra ley de educación es una ley que consagra la libertad en la provisión de la educación, más que el derecho a la educación”.
Javier Couso: “La Constitución del '80 no es que incida de una manera autoevidente. Ha sido indirecto el impacto que ha tenido. En Chile, se requiere de casi el 60% de los diputados y senadores en ejercicio para cambiar cualquier aspecto de la ley orgánica constitucional de educación. Yo sí le podría un ticket de que la constitución interfiere con repensar el sistema educativo, con la cantidad de votos para repensarlo”.
Luis Mesina, de la coordinadora nacional No+AFP: “La principal demanda del movimiento social en Chile es no más AFP. En el actual sistema de pensiones, es decir, sistema de capitalización individual ha demostrado, después de 37 años, se un absoluto fracaso”.
Profesores responden:
Claudia Heiss: “Tiene un impacto directo eliminar la Constitución del '80, porque las pensiones están reguladas en la Carta Magna, en el artículo 19, número 18. Esa norma constitucional impide pensar, por ejemplo, en hacer un sistema universal de reparto, como existe en otros países”.
Javier Couso: “Las constituciones se limitan a decir que existe un derecho a la seguridad social de pensiones. Punto. La actual constitución, básicamente constitucionalizó las AFP. El artículo 19 número 18, reconoce que la seguridad social puede ser prestada tanto por instituciones públicas como privadas. Una Constitución nueva no debiera incidir en el detalle de cómo está estructurado el sistema de pensiones, pero no debiera prohibir la posibilidad de que se decidiera ir, por ejemplo, a un sistema de reparto”.
Lee también: Cuando el agua vale más que la vida: La realidad de los crianceros que sobreviven a la megasequíaAucán Huilcamán, líder mapuche y vocero del Consejo de Todas las Tierras: “Hay dos grandes demandas. El derecho a la tierra, que fue tomado y confiscado por el Estado chileno mediante la violencia. Y en segundo lugar, resolver el derecho de autodeterminación que ha sido conculcado por parte del Estado chileno”.
Profesores responden:
Claudia Heiss: “El reconocimiento de los pueblos originarios estaría en la parte de los derechos de la constitución. Los pueblos originarios no han podido tener reconocimiento constitucional porque hay un tercio que es el veto para la reforma constitucional que ha impedido hacer cambio, aunque tengan mayoría”.
Javier Couso: “En algunos otros países las constituciones establecen ciertos derechos de autonomía, obviamente dentro de lo que es el marco de la constitución. Chile podría avanzar en una nueva Constitución, en no solo reconocer a los pueblos originarios, sino que adoptar algunas medidas, algunas políticas, que a rango constitucional den cuenta del hecho que son una minoría consistente y que ha sido maltratada históricamente”.
Camilo Mansilla, coordinador metropolitano del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y Protección al Medioambiente (Modatima): “Para nosotros como Modatima, un movimiento que viene desde el mundo socioambiental, la principal demanda, o la principal modificación o elementos que deben aparecer en una nueva constitución, están relacionados a la desprivatización del agua en Chile”.
Profesores responden:
Claudia Heiss: “En el artículo 19, número 24, se establece que las concesiones mineras y los derechos de agua son de propiedad privada. Y de hecho, el 80% del agua en Chile está en manos de alguna empresa. Sin duda que al sacar esto de la constitución y partir el debate de una hoja en blanco, es decir, no partir de reformar esto, sino partir de cómo creemos que tiene que ser la propiedad del agua, y de los recursos naturales, eso podría generar un modelo completamente distinto. Se podrían estatizar los derechos de agua”.
Javier Couso: “Sería bueno reforzar la idea de que los derechos de agua que los particulares gocen tienen que tener limitaciones que tengan que ver con el bien común, particularmente entendiendo que sobre todo la zona central, es una zona de estrés hídrico”.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Consadecus): “Para mí, la principal demanda es terminar con la cultura del abuso en contra de los consumidores”.
Profesores responden:
Claudia Heiss: “El Congreso aprobó una ley que le daba más fuerza al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que le daba dientes al Sernac para sancionar a las empresas que abusaran con los consumidores como ocurrió con las repactaciones unilaterales de deudas y otras cosas por el estilo. Y esa ley, que limitaba la capacidad de las empresas de abusar, fue desmantelada por el Tribunal Constitucional. En una nueva Constitución ese tipo de facultades podrían no existir, porque no hay ninguna duda que en una nueva Constitución que parte de una hoja en blanco, las facultades y la composición del Tribunal Constitucional van a ser severamente distintas”.
Javier Couso: “El problema no es el texto de la Constitución, es la interpretación que el Tribunal Constitucional le ha dado a la Constitución, que permitió echar abajo un proyecto que efectivamente podía contribuir a detener los abusos, no todos. Yo creo que aquí, el problema es el Tribunal Constitucional.