Inició la campaña por el Apruebo y Rechazo, y un mensaje que se ha repetido es el de no divulgar contenido que falte a la verdad. ¿Hay alguna institución que tenga las atribuciones legales para vigilarlo? Esto respondieron del Consejo para la Transparencia, el Servel y el CNTV.
El miércoles 6 de julio comenzó oficialmente el periodo de campaña por el plebiscito de salida. En el proceso que se llevará a cabo el 4 de septiembre la ciudadanía deberá optar entre las opciones Apruebo o Rechazo, para respaldar o no la propuesta de nueva Constitución.
Y uno de los mensajes que se ha repetido desde ambos sectores es el llamado a no caer en las desinformaciones y realizar una campaña libre de fake news o mentiras en torno al texto elaborado por la Convención Constitucional.
"Discutamos en torno a la propuesta de nueva Constitución con verdad y hechos”, expresó el propio presidente Gabriel Boric al convocar a las personas y organizaciones que participen en la propaganda a no desinformar. “No crean en las mentiras que andan circulando por internet. Infórmense bien, voten informados. Ese es el rol que tenemos como gobierno y lo vamos a estar difundiendo", agregó.Ante este escenario surge la siguiente pregunta: ¿Existe alguna institución con las atribuciones legales para fiscalizar o sancionar las eventuales fake news en una campaña? O incluso, ¿es necesaria? El Servicio Electoral (Servel), el Consejo para la Transparencia (CPLT) y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) responden.
"No existe. Tampoco es posible ni conveniente que exista. Sobre todo en el tema constitucional, donde la realidad del texto es muy interpretable, lo que es una característica propia de cualquier Constitución, y que es especialmente intensa en esta", declaró el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.
Si bien reconoce que "hay gente que se aprovecha del estatuto de libertades de la libertad de expresión y opinión, y derechamente miente y desinforma", apuntó que "ese fenómeno se da en todos lados, en todas las elecciones. Y aumenta al interior de los grupos identitarios", es decir, los conjuntos que se identifican con una postura tienden a replicar información (verdadera o no) que ratifique su posición.
Junto a esto, la cabeza del organismo destacó que las campañas suelen polarizarse, por lo que "mientras más gente tome conciencia de eso, tendrá más escepticismo frente a los medios de comunicación con líneas editoriales muy marcadas, o frente a noticias que no sean fácilmente contrastables por ellos mismos".
Finalmente, sobre el contenido difundido en redes sociales, planteó dos problemáticas: Por una parte, "son casi imposibles de fiscalizar" y, por otro, "es muy peligroso cuando un grupo se siente poseedor de una verdad y una superioridad moral, y comienza a cancelar a otro". Especialmente, destacó, porque "son el principal espacio público para el intercambio de ideas y opiniones. Debe ser muy libre, todos deben tener cabida, salvo casos muy graves y extremos".
Frente al contenido de la propaganda o franja electoral, el Servel "no tiene la potestad de fiscalizar". Debido a esto, llaman a "una competencia sana, evitando la desinformación y las noticias falsas que ensucian el ambiente democrático".
No obstante, sí dicen poder librar un combate, descubriendo, desmintiendo y aclarando la información falsa o engañosa sobre el acto electoral y el rol del mismo Servicio.
Es por aquello que en las cuentas de redes sociales de la institución encabezada por Andrés Tagle suelen responder a las fake news sobre su cometido y destinaron una sección de su sitio web a un archivo con las noticias falsas desmentidas, con el objetivo de que los y las votantes puedan tener la mejor información del proceso. “Hacemos un llamado a una propaganda limpia y respetuosa de los espacios, del financiamiento y gasto", añadieron.
Un aspecto especialmente controversial y que suele atraer gran atención es la franja televisada, que en este caso iniciará el 5 de agosto. Si bien durante los últimos años analistas han planteado que este espacio ha perdido su poder persuasivo de antaño (en gran medida por la proliferación de las redes sociales), sigue siendo un engranaje relevante en las campañas.
Sobre este aspecto, el Consejo aclaró que sus facultades "no incluyen la fiscalización de los contenidos emitidos en la propaganda electoral en los canales", a diferencia del resto de los contenidos emitidos, los que por atribuciones expresas de la Ley N° 18.838 tiene la obligación de fiscalizar.
Además, subrayaron que la Constitución vigente prohíbe la censura previa, de modo que el CNTV "está impedido de evitar la transmisión de contenidos de propaganda electoral. De esta manera, este órgano tampoco tiene competencias para supervisar los contenidos de la franja.
Desde el CPLT reiteraron el llamado a la ciudadanía a cortar la viralización del contenido que falte a la verdad: "Solo nos queda pedir a la gente reforzar el filtro ante informaciones que recibe y que detenga y no comparta aquellas que no esté 100% segura que son verdad".
Sobre el rol de los actores políticos, la recomendación es que inciten a "leer el texto, debieran mandar a estudiarlo y a compararlo con el anterior", aunque "muy pocos podrán hacerlo. Y la campaña no será en torno a eso. No lo está siendo".
Por su parte, el Servel recomienda:
Por último, el CNTV recordó que cualquier reclamo fundado sobre los contenidos de la franja debe tramitarse ante tribunales de Justicia.
Todo lo anterior en el marco de las instituciones con atribuciones formales para supervisar contenidos, porque existen diversas organizaciones civiles e iniciativas de universidades que a través de sus plataformas de redes sociales o sitios web exponen este tipo de imprecisiones, errores o mentiras. Junto a ellos, los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental para echar luz en las informaciones poco fidedignas.