El Primer Juzgado de Garantía rechazó esta medida cautelar en tres casos. Sin embargo, se trata de un avance dentro de esta investigación que involucra a 55 empresarios detenidos.
Este jueves,
22 imputados investigados en el
fraude tributario más grande registrado en la historia de Chile quedaron bajo
prisión preventiva, tras la solicitud presentada por el
fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Sólo en el caso de
tres personas, el Primer Juzgado de Garantía rechazó esta medida cautelar. Sin embargo, se trata de un avance dentro de esta
investigación que salió a la luz pública el pasado jueves, cuando se concretó un
megaoperativo a nivel nacional que terminó con 55 empresarios detenidos por presunto fraude tributario.
Megafraude tributario: Lo que se sabe del caso
Este caso corresponde a una investigación por un presunto
perjuicio fiscal cercano a los $240 mil millones, uno de los mayores delitos tributarios en la historia de Chile.
Desde esta organización organización se habrían
usado más de 100 mil facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes.
El procedimiento denominado Operación Tributos fue el que permitió la captura de estos empresarios, mediante el
allanamiento 83 domicilios ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Fue así como al día siguiente, es decir el pasado viernes, los detenidos pasaron a su control de detención al Primer Juzgado de Garantía, siendo formalizados por
delitos como asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.
Cómo operaba la organización
Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), detalló que el
modus operandi de los empresarios era mediante la
creación de empresas fantasmas “con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo boletas falsas y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos”.
Y a raíz de este caso, expuso que "es muy importante que, a partir de estas acciones, transmitir cierto mensaje a la ciudadanía, la tranquilidad de que
el SII está realizando su labor con esmero y acuciosidad para combatir la evasión, detectar el fraude tributario y perseguir las máximas sanciones".
Por su parte, el subsecretario del Interior,
Manuel Monsalve, sostuvo que "esto demuestra que los delitos económicos también son
crimen organizado y pueden producir un enorme perjuicio al país".
“Estos siete clanes se dedicaban, fundamentalmente, a
emitir facturas falsas o hacer exportaciones falsas. A partir de aquello, se producían dos hechos: Alguien que tenía una empresa legal rebajaba su pago de IVA o, a través de una exportación falsa, la Tesorería General de la República le devolvía dinero del Estado a las empresas”, detalló.
Asimismo, señaló que “también
habían empresas que solicitaban los servicios de esta estructura criminal para recibir esas facturas falsas. Estas disminuían su pago de IVA o aumentaban la renta de los dueños de las empresas”.