El organismo fiscalizador estableció diferencias en los sistemas contables por más de $105 millones en la Dirección de Previsión de Carabineros, dependiente del Ministerio del Interior. Prestaciones médicas a personas que incumplen requisitos de cargas familiares por casi $500 millones y más de 1.800 pensiones pagadas que no encajan en la contabilidad, cuya cifra supera los $100 millones. Por esta razón inició un sumario y envió los antecedentes al Ministerio Público porque aparecieron “hechos que podrían revestir la eventual comisión de un delito”. La auditoría de 1.161 páginas la revela CHV Noticias.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades financieras en la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), luego de auditar sus estados financieros.
De acuerdo a la revisión que publica CHV Noticias, el organismo fiscalizador detectó que Dipreca utiliza dos sistemas informáticos para realizar sus actividades que de hecho no son “coincidentes”.
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La situación según el documento, revela diferencias entre ambos de casi $105 millones, de “las cuales no se proporcionó información o antecedentes para su esclarecimiento”.
Por esta razón envió los antecedentes al Ministerio Público “ya que aparecieron hechos que podrían revestir una eventual comisión de un delito”. Atendido a que Dipreca administra recursos públicos los ilícitos podrían tipificarse -eventualmente- como fraude al fisco o malversación con dineros estatales.
A renglón seguido, la entidad de control descubrió que la Previsión de Carabineros utiliza un manual antiguo para sus transacciones, pese a que ha sido advertida por la CGR entre 2012 y 2019 que debe cambiar el sistema.
Atendido esos antecedentes, la institución dirigida por Jorge Bermúdez realizará un sumario para establecer las eventuales responsabilidades administrativas que puedan existir.
Dipreca es una institución que depende del Ministerio del Interior y que administra los dineros de instituciones como la PDI, Gendarmería y Carabineros para atenciones de salud y pensiones de vejez.
Se repite
Dipreca ha sido objeto de diversas investigaciones criminales por delitos de corrupción. Durante la década de los 90, incluso hubo personeros políticos indagados por fraude al fisco.
A principios de 2022, en tanto, el Ministerio Público formalizó a dos funcionarios de Dipreca por delitos de lavado de activos y malversación de fondos públicos por más de $238 millones en una de las aristas del llamado caso “Pacogate”.
A fines de 2021 la CGR acreditó más irregularidades. Esta vez por más de $11 mil millones.
Sumado a lo anterior, en junio pasado el director de la entidad previsional, Juan Hernández, renunció en medio de supuestas amenazas a dirigentes sindicales y la compra de un software que nunca se utilizó y cuyo costó superó los $570 millones, según Interferencia.
Beneficios
La CGR analizó las cargas familiares y beneficiarios de 2020 y detectó “atenciones de salud facturadas por distintos proveedores, asociadas a personas que no les correspondía utilizar dicho beneficio, por no encontrarse activos en el régimen de la DIPRECA”. De hecho no fueron identificadas en la base de datos.
Según la auditoría se acreditaron 31.055 prestaciones de salud que totalizan más de $415 millones y otras 4.381 con RUT incorrecto que totalizan una cifra superior a las $59 millones.
“Los casos detectados muestran el riesgo de que se estén pagando prestaciones médicas a beneficiarios que no corresponden, afectando la situación patrimonial de la Dipreca por gastos improcedentes, y por ende la representación fiel de los estados financieros”, describe la revisión.
No es todo. Se acreditó que hay cargas que no cumplen requisitos. Por ejemplo “existen 2.756 personas reconocidas como carga familiar, que presentaban un ingreso promedio superior al máximo fijado por ley, alcanzando incluso ingresos anuales del período 2020 (...)” por más de $94 millones.
Actualmente, Dipreca transfiere las pensiones por vía electrónica. Sin embargo -y más allá de este moderno sistema- la CGR descubrió “1.839 pagos de pensiones con diferencia entre lo estipulado en el sistema de pensiones y lo efectivamente pagado a través de nóminas de Banco Estado”. El monto supera los $100 millones.
CHV Noticias consultó a la Subsecretaría del Interior sobre los alcances de la auditoría y si eventualmente denunciarían a la fiscalía, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
24/06/2022
07:26
