La batalla legal entre la empresa Andes Iron y organizaciones medioambientales por la construcción del mega proyecto minero-portuario en La Higuera, llegó a su fin. Un plan que desató controversias no solo por su impacto al ecosistema, sino que además por supuestas irregularidades que quedaron develadas en los recordados Pandora Papers.
Este miércoles se vivió un día clave para el mega
proyecto minero-portuario Dominga. Después de casi 10 años de tramitación, y luego de la
votación del recurso de invalidación en el Comité de Ministros presidido por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, la
polémica quedó zanjada y finalmente se rechazó por 6 votos contra 0 la construcción del plan de la empresa
Andes Iron en
La Higuera, Región de Coquimbo.
La definición en torno a este controversial proyecto ocurrió en medio de
posiciones encontradas: Mientras algunos, como el propio alcalde Yerko Galleguillos, pedían que se aprobara como una importante oportunidad laboral y económica para la zona, hubo otros que apuntaban a una
"ambición política" que afectaría negativamente la flora y fauna del lugar.
El argumento anterior estuvo enfocado principalmente en la
protección del Archipiélago de Humboldt y que corresponde a un valioso ecosistema nacional que alberga múltiples especies protegidas en la
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla Choros y Damas.
Sin embargo, hay que recordar que Dominga, tras un informe del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ya
había sido rechazado en 2017 por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) a raíz de graves deficiencias técnicas.
Desde entonces, la empresa minera inició un camino judicial que dio paso a su tramitación en el Comité de Ministros del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, donde tampoco recibió el visto bueno. Pero
después de cuatro años, Andes Iron SpA logró revertir la situación y finalmente el proyecto se aprobó el 24 de agosto de 2021, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Continuando con la polémica, el
futuro del plan minero quedó nuevamente en manos del Comité de Ministros, en esta ocasión correspondiente al gobierno del actual presidente Gabriel Boric, después que el
Tribunal Ambiental de Antofagasta declarara inadmisible el recurso que buscaba invalidar la favorable calificación ambiental del proyecto.
Detalles del proyecto
La propuesta de su titular Andes Iron contemplaba la
construcción de una planta con la que prometían generar 10 mil empleos directos y 1.500 una vez operando, la que pretendía ubicarse a 16 kilómetros al norponiente de la comuna La Higuera (cerca de El Trapiche), mismo sector donde se encuentra el yacimiento y cuya operación consistiría en
dos rajos a cielo abierto, un depósito de estéril y el depósito de relaves espesados.
Según la planificación documentada por la propia empresa, Dominga estaría conectada con el terminal de embarque en el borde costero a través de
tres ductos subterráneos de 26 kilómetros, los que llevarían tanto agua como hierro por sus canales. Todo, con una proyección de
22 años de operación.
Por su parte, el terminal de embarque estaría ubicado en Totoralillo Norte, sector donde se levantarían las instalaciones destinadas al acopio, filtrado y embarque del concentrado de hierro, mediante un sistema de correas transportadoras cerradas y cargadores móviles que tendrían por objetivo
evitar eventuales fugas de material.
El medioambiente como foco principal
El foco contrario al proyecto estuvo concentrado en la
protección medioambiental. Así, desde
Greenpeace apuntaron a que además de los dos rajos a cielo abierto, el peligro radicaría en la
construcción de un puerto de carga a pocos kilómetros de la reserva que contiene el 80 % de la especie pingüinos de Humboldt.
Es más, la reconocida oceanógrafa y bióloga marina estadounidense
Sylvia Earle se sumó el pasado martes al llamado en contra de la construcción de esta iniciativa, advirtiendo al gobierno todos los
efectos negativos que este emplazamiento podría significar para el ecosistema.
Polémica compraventa
Los antecedentes anteriormente expuestos son posteriores a una
controversia que, cronológicamente, es previa y quedó al descubierto en medio de su discusión, justo después de su aprobación tras el conflicto legal liderado por la minera.
Lo anterior está vinculado a los
Pandora Papers, caso revelado por
Ciper y
Labot en Chile, que evidenció una
particular cláusula de compraventa entre Carlos Alberto Délano y Sebastián Piñera, luego que en diciembre de 2010 el empresario adquiriera la participación de todos los socios accionistas del proyecto, entre ellos, el ex gobernante.
Parte de esta operación se desarrolló en Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un
contrato que establecía un pago en tres cuotas. Sin embargo, la última transacción estaba supeditada a que
no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la mina, a fin de no obstaculizar su instalación.
18/01/2023
11:08
