El polémico caso ha generado críticas desde distintas partes, lo que ha remecido al Poder Judicial, que ahora se encuentra enfrentado a Gendarmería por la autorización.
La decisión del
juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, generó una gran polémica en las últimas horas, luego de autorizar a reos del
Tren de Aragua pudieran tener
videollamadas desde el
Recinto Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).
La determinación fue hecha por el juez el pasado 25 de enero, lo que
desató un conflicto entre el propio
Poder Judicial y
Gendarmería, que obligó a llevar un recurso para
impugnar la orden.
En dicho documento, sostuvieron que la aplicación de dicha medida "
pone en riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada", ya que los reclusos en el recinto "pertenecen a bandas criminales organizadas".
¿Por qué el juez Urrutia tomó la determinación?
El propio juez Daniel Urrutia fue quien
visitó el reciento penitenciario (ex Cárcel de Alta Seguridad) el 19 de enero, lo que motivó su decisión.
Así, el 22 de enero, el magistrado envió un oficio al alcaide del penal para ordenarle
"autorizar una serie de peticiones formuladas por internos privados de libertad".
Entre ellas, se incluía autorizar a 9 internos a que pudieran sostener
videollamadas con parejas y familiares.
Críticas generalizadas a la decisión
El subsecretario del Interior,
Manuel Monsalve, se mostró en contra de la aplicación de esta orden, señalando que
los reos "tienen que ser aislados del exterior".
"E
stamos en contra y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza”, detalló Monsalve.
En la misma línea, sostuvo que
"nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país".
En
entrevista con ADN Hoy, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Alejandro Vera, también criticó la medida, por la "
alta peligrosidad" que suponen sus beneficiarios.
En esa misma línea, Vera señaló que "obviamente no se puede decretar este tipo de medidas" y que el asunto está siendo investigado por la
Corte de Apelaciones de Santiago.