La transacción debía cumplirse en tres cuotas millonarias destinadas a los socios, sin embargo, la última tenía una cláusula relacionada a los cambios regulatorios que podrían obstaculizar la instalación del puerto y la mina, decisión que quedó en manos del gobierno del mandatario.
En la jornada de este domingo 3 de octubre los Pandora Papers, 11,9 millones de archivos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, aseguraron que 35 líderes mundiales (14 latinoamericanos) operaron en paraísos fiscales.
En ese sentido, de los 14 líderes latinoamericanos solo tres siguen activos: El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el jefe de Estado de República Dominicana, Luis Abinader; y el Mandatario chileno Sebastián Piñera.
En el caso del territorio nacional, los medios Ciper y LaBot explicaron en primera instancia que el actual Presidente de la República realizó negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, de los cuales destaca la compraventa del proyecto minero Dominga. En la operación se vio involucrado Carlos Alberto Délano, empresario que es uno de los amigos de la infancia más cercano a Piñera.
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Las tres cuotas
La familia del mandatario junto a él eran los principales accionistas del cuestionado proyecto, sin embargo, meses después de asumir en su primer gobierno (10 de diciembre de 2010), el "Choclo" compró la participación de todos los socios mediante un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra por 138 millones de dólares, no obstante, esta última fue llevada a cabo en un paraíso fiscal.
Según lo informado por los medios anteriormente citados, la transacción debía cumplirse en tres cuotas millonarias destinadas a los socios, aunque la última tenía una cláusula: Que no se declarara área de protección medioambiental, zona de exclusión, un parque nacional o una reserva natural el sector donde se emplazaría Dominga, para que así se pudiera desarrollar sin mayores problemas el proyecto minero.
En específico no debían existir cambios regulatorios que podrían obstaculizar la instalación del puerto y la mina, decisión que quedó en manos de Piñera como presidente. La declaración no se formalizó y la familia Piñera cobró su parte del acuerdo. Según un reportaje publicado por Bío-Bío en 2017, como las dificultades no existieron, el pago se logró materializar.
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Finalmente es relevante consignar que meses antes del cierre del negocio, el Presidente comunicó el cancelamiento del proyecto termoeléctrico Barrancones (pese a que contaba con los permisos para su operación) que se instalaría en La Higuera, comuna ubicada en la Región de Coquimbo, mismo lugar en el que se busca construir Dominga.
El fideicomiso ciego y la cláusula de la compraventa de Dominga
Para conocer mayores detalles técnicos de la polémica y las implicancias legales y políticas que se podrían generar, CHV Noticias conversó con Germán Pinto Perry, Doctor en Ciencias de la Administración de la Universidad de Santiago de Chile (USACH); y con Gonzalo Valdés Edwards, Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
"En primer lugar hay que aclarar que tener una inversión en un paraíso tributario no es delito y no está prohibido. Lo que está cuestionado es que si esa empresa tiene rentabilidad no se tribute en Chile", comenzó explicando Germán.
"La situación en la que está el Presidente es que cuando asumió la primera magistratura hizo el fideicomiso ciego, que le entrega a una persona todo el patrimonio y lo administra de manera independiente con ninguna relación con el mandante, por lo tanto todo negocio que podría suceder ahí está totalmente divorciado del Presidente, eso es lo que dice el contrato", enfatizó el especialista de la USACH.
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No obstante, indicó que puede haber un vinculación, pero que "es una especulación con mucho asidero, porque podría haber alguna comunicación directa o indirecta, se puede sospechar, sin embargo, no hay certeza de ello".
Por su parte, para Gonzalo Valdés, la información encontrada en los Pandora Papers podría caer en una ilegalidad si se sabe que el Presidente tenía información sobre qué hacía esta sociedad, y si eso se refleja en un beneficio para sus hijos. "Esto es relevante porque la Fiscalía funciona con la lógica de presunción de inocencia y como el Presidente tenía un fideicomiso ciego es muy difícil que logren encontrar algún tipo de información que demuestre una ilegalidad", aseguró el magíster en Finanzas.
"La cláusula del tercer pago es polémica porque fue durante su primer Gobierno que se podría haber beneficiado por el pago de Dominga. Pero no solamente por eso, sino que por los que están involucrados en la cláusula. Por un lado, los personajes asociados a Penta que a su vez participaron en el financiamiento ilegal de la política y por el otro lado está Larraín Vial asociado al caso Cascadas. Entonces esa mezcla hacen que el nivel de desconfianza ciudadano aumente de forma brutal", manifestó Valdés Edwards.
"¿Será suficiente para considerar que lo que hizo fue ilegal?"
"Por ejemplo el Presidente, una vez que el fideicomiso ciego estaba en funcionamiento envió una cuenta de gastos mensuales e información propia a estas sociedades y la pregunta que queda es que si esa nueva información que no se conocía el año en que la Fiscalía investigó será suficiente para considerar que lo que se hizo fue ilegal", reflexionó.
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"Lo complicado en particular de este negocio es la tercera cuota de un precio de un paquete accionario vinculado con la minera Dominga, supeditada al resultado del tema medio ambiental de la compañía. Ese fenómeno ocurriría bajo el amparo de este fideicomiso ciego, donde el Presidente presuntamente no tuvo nada que ver, pero él sabía porque antes de que tomara el fideicomiso tenía este negocio, cuyo evento futuro cae dentro de su ámbito político", advirtió Pinto Perry.
"Incluso, en el comité de ministros, cuando evalúan el tema Dominga el representante del Presidente se opuso, y el resto lo aprobó, porque quizás se acordaría que su negocio estaba con esta norma y dijo no. En los hechos hay muchas cosas sospechosas que no calzan y habría que pedir una explicación sobre qué sucedió, pero hasta el momento, no se ha transgredido ninguna norma, pero los hechos están rodeados de cosas cuestionable que llaman la atención", reflexionó el experto.
Posibles consecuencias y Acusación Constitucional
"El fenómeno por el cual está sucediendo ahora, si está dentro del fideicomiso ciego el Presidente podría no haber tenido contacto, pero el negocio venía de antes, entonces él sabía que su plata estaba invertida en este negocio. Legalmente está fuera, pero hay un conocimiento que lo vincula y ahí hay que pedirle una explicación", recalcó Germán Pinto.
En ese sentido comentó que si es que hay un perjuicio o un beneficio se debe hacer dentro de la jerarquía que tiene el Presidente. "Él cuando asume su cargo entregó toda su plata para otro lado. Esto será ético si el sincera si realmente tenía contacto o administración con este fideicomiso ciego y logra convencernos de que el fideicomiso actúa en forma independiente"., sostuvo.
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Finalmente sentenció: "Si se comprueba que tuvo contacto se podría argumentar un mal uso de la primera magistratura y eso sería materia de una Acusación Constitucional, pero objetivamente por ahora no da, pero habría que armar el argumento de suposición, para buscar más antecedentes".
Por otra parte, para el académico de la UNAB, el legado del Presidente tendrá gravísimos problemas, ya que se pensaba que iba a ser recordado por el manejo del Coronavirus, "pero su imagen será recordada de una manera peor", sostuvo. En ese sentido, denunció la existencia de un hecho político grave, que es la utilización de la Acusación Constitucional para llevar una agenda política y verse beneficiados por el tema, "ya que se transformará en un acto mediático de proporciones".
"Desde un punto de vista legal es muy difícil probar que en su segundo periodo dejó de hacer cosas a propósito, o activamente bloqueo la creación del área protegida en La Higuera porque afectaba a Dominga. Esto puede ser la base de la acusación, pero sin embargo difícilmente podrá probarse porque será necesario demostrar que el fideicomiso no era ciego sino que era tuerto. Eso es muy difícil y el efecto que realmente tendrá será sobre su credibilidad", sentenció.
05/10/2021
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