El vocero de la CAM, según se lee en la demanda, es uno de las miles de víctimas de detención ilegal de tortura y prisión, "por su condición política y por pertenecer al pueblo mapuche". En la Cárcel de Quillota fue "golpeado, aislado en los calabozos, dejado sin luz, sin baño y sin un lugar para dormir".
El pasado 18 de agosto, el líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca, presentó una demanda en contra del Estado de Chile que exige el pago de 200 millones de pesos. Lo anterior en el marco de la indemnización por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
La acción jurídica por daños y perjuicios sufridos en la dictadura militar fue declarada admisible por el 7° Juzgado Civil de Santiago, señala la demanda publicada por La Tercera.
Héctor, según se lee en la demanda es uno de los miles de víctimas de detención ilegal y arbitraria, de tortura y prisión política, por su condición política y por pertenecer al pueblo mapuche.
En ese contexto, consignar que Llaitul se encuentra en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, redactado por la Comisión Valech en su segundo informe entregado en el año 2011, en el cual confirman la existencia de 40.018 víctimas: 3.065 de ellas muertos o desaparecidas.
“Cuando fui detenido el 28 de abril de 1988, estudiaba trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso y era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fui detenido por Carabineros, reducido a golpes por efectivos de las fuerzas especiales de Carabineros, fui trasladado junto a otros compañeros a dependencias de la comisaría Central de Carabineros de Valparaíso, narró Héctor en la demanda.
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"Fui sometido a maltrato físico y verbal"
"Al igual que muchos compañeros fui sometido a maltrato físico y verbal consistente en golpes de puño y pies, posiciones asfixiantes, esposado colocado de rodillas sometido a posturas forzadas y con golpes continuos y burlas por mi condición de Mapuche y miope”, dijo en el acto jurídico.
En ese mismo sentido, manifestó que fue llevado a la Cárcel de Quillota, siendo aislado en los calabozos, incomunicando, sin luz, sin baño, sin un lugar para dormir y con una comida diaria que consistía en un pan con un té.
En su demanda, indicó que en la recinto penitenciario fue interrogado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en tres ocasiones en días distintos durante los diez días que permaneció incomunicado debido a su condición de estudiante de la carrera de servicio social, ya que en las dependencias del centro de alumnos de la carrera fueron encontradas armas y explosivos.
“El interrogatorio fue en relación a aquello, fui sometido a golpes con la vista vendada y esposado, fui desnudado y se me aplicaron descargas eléctricas en los tobillos, desconozco si había alguien más. También fui interrogado en dos ocasiones por el Fiscal Naval, quien me amenazaba, ordenaba los interrogatorios y las incomunicaciones”, reveló.
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“Es de justicia que Héctor Llaitul Carrillanca sea indemnizado por parte de quien fue responsable de la situación que debió sufrir: detención ilegal y arbitraria, incomunicación prolongada, lo que constituye un trato inhumano y degradante, y torturado bajo prisión política”, enfatizó el documento.
Dado los antecedentes, es relevante mencionar que el abogado que patrocina la demanda es Alberto Espinoza, especialista en leyes que presentó la primera querella contra Augusto Pinochet. Además, ha trabajado directamente como abogado con una gran cantidad de ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
16/09/2021
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