A través de un requerimiento ingresado este jueves, el general director argumentó que el proceso judicial se funda "en una elaboración de un tipo penal artificioso" y, por lo mismo, solicitó "garantizar un juicio con apego a un justo y racional procedimiento".
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, recurrió al Tribunal Constitucional con el objetivo de suspender su formalización, la cual está fijada para el próximo martes 7 de mayo.
A través de un requerimiento ingresado el pasado jueves, el uniformado aseguró que no se respetaron sus garantías constitucionales en el marco de la investigación que el Ministerio Público lleva en su contra.
Por lo mismo, solicitó al órgano jurisdiccional “tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad respecto de los preceptos legales contenidos en los artículos 161, parte final, 164 y 370 del Código Procesal Penal”.
En el mismo documento, el alto mando dijo que el proceso judicial “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos".
A lo anterior, añadió: "En efecto, esta figura de participación no constituye un crimen en sí mismo, sino una especial participación de los jefes militares y civiles en los tipos penales de derecho penal internacional".
Además Yáñez advirtió que "el 7° Juzgado de Garantía, haciendo un uso abusivo del Derecho y a través de un procedimiento irracional e injusto está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable a la institución de Carabineros de Chile".
De acuerdo con el propio general director, el objetivo es "garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas".
Lo anterior, a raíz de que "el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa. En efecto, jamás he permitido, convalidado, autorizado ni aceptado la afectación de la vida, integridad y dignidad de ningún chileno".
"Pero por el ejercicio de mi cargo en la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros debí hacer cumplir la Constitución y las Leyes, para así restablecer el Estado de Derecho, el orden público y la seguridad interior", concluyó Yáñez.