La aclaración de Morales se da justo cuando el gobierno interino de Bolivia dice haber activado una "orden de detención internacional" en su contra con tal de impedir que viaje a Chile.
Evo Morales descartó haber sido invitado o tener algún tipo de información acerca del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos que se realizará en Santiago.
La noticia fue dada a conocer por Morales a través de Twitter, instancia en la que aprovechó de responder a la advertencia realizada por el senador Iván Moreira (UDI), quien aseguró que pediría a la justicia chilena que el ex mandatario fuera detenido.
Hemos pedido al Gobierno @EstadoPluriNal solicite orden de detención internacional para Expdte.Morales, profugo de la justicia Boliviana. Y le solicitamos @sebastianpinera que @evoespueblo sea declarado por el gob. " Persona Non grata ". https://t.co/xjWT6eh8b5— Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) January 8, 2020
De hecho, este miércoles el gobierno transitorio de Bolivia activó una “orden de apremio internacional”, justamente por su supuesta visita a Chile.
Lee también: Venezuela: Guaidó recuperó el control de la presidencia de la Asamblea NacionalMoreira aseguró que la medida fue adoptada luego que él conversara con el gobierno interino.
Luego de conversar con Gobierno Boliviano @EstadoPluriNal accedió a pedir orden internacional de captura al prófugo de la justicia boliviana @evoespueblo https://t.co/kAfqdwsmu7— Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) January 8, 2020
Además de descartar su presencia en el foro, Morales acusó que "antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como presidente indígena, piden mi detención".
No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en #Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 8, 2020
El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos se realizará entre los próximos 23 y 25 de enero en la sede del Congreso de Santiago y es impulsado por la comisión de Derechos Humanos del Senado.