El diputado Gabriel Ascencio (DC) envió un oficio de fiscalización al contralor de la República, Jorge Bermúdez, solicitando una inmediata investigación por la denuncia contra la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, por supuesto uso irregular de recursos públicos para favorecer campaña parlamentaria de su pareja, el periodista Christian Pino.
La iniciativa del parlamentario surge luego de las revelaciones de un reportaje de T13, donde funcionarios de la cartera liderada por Rubilar aseguraron que el candidato a diputado por el Distrito 8 “es parte del chat oficial de la Dirección de Prensa y Gabinete, donde se discuten y toman decisiones sobre las actividades de la ministra y por consiguiente del ministerio, hace parte de chats de campaña a miembros de gabinete y comunicaciones”.
“Cuando se dio a conocer la candidatura por el distrito 8 del sr. Christian Pino, es ahí donde se intensifica la actitud irregular del equipo de la ministra, puesto que se comienza a articular al equipo de gabinete y comunicaciones para trabajar en la campaña parlamentaria dentro del horario laboral”, detallan los trabajadores, donde además apuntan a falta de probidad y mal uso de recursos públicos.
Ante esta situación, Ascencio afirmó este hecho “constituiría una abierta intervención electoral de parte de la señora ministra y de funcionarios de su ministerio en favor de la campaña de su pareja, Christian Pino, aprovechando para ello la imagen institucional, recursos fiscales y a funcionarios públicos en pleno horario de trabajo, a la vez que puede entenderse como una presión a cometer estas mismas infracciones a aquellos funcionarios que sin querer ser parte de dicha campaña, hayan recibido instrucción directa de su jefatura, la señora ministra, para apoyar en la campaña”.
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Asimismo, explicó que “habría una abierta infracción a las normativas de probidad administrativa y a las claras instrucciones que ha dado Contraloría respecto a la participación de funcionarios públicos en campañas electorales, lo que debe ser siempre fuera de horario laboral”.
Entre las normas infringidas, afirma, se habría incumplido abiertamente el artículo 62 de la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; 61 y 84 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, y especialmente el inciso primero del artículo 8° de la Constitución que indica: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
Debido a la "gravedad de la denuncia", el jefe de la bancada de la DC solicitó una fiscalización "por los incumplimientos a las normas sobre probidad administrativa cometidas en el contexto del apoyo de la ministra de Desarrollo Social y Familia y otros funcionarios del mismo ministerio a la campaña parlamentaria del Sr. Christian Pino, pareja de la ministra, aprovechándose de canales de comunicación institucionales y la participación de funcionarios en pleno horario laboral, además de la posible utilización de recursos públicos y de la imagen institucional en terreno y a través de redes sociales para la ya mencionada campaña”.
18/10/2021
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