La defensora de la víctima, Cynthia Pérez, detalló en Contigo en Directo hay situaciones que a su juicio "buscan ir generando cada vez más lentitud" en el caso. Entre ellas, el hecho de que "el fiscal rechazó una entrevista con esta abogada que es querellante", dijo.
Ya van más de dos meses desde que se dio a conocer la confusa muerte de la abogada Valentina González al interior de un motel en Mantagua, Región de Valparaíso. Un suceso que además involucra a una magistrada del Poder Judicial, quien fue captada en el sitio del suceso tras la revisión de las cámaras de seguridad.
La enigmática aparición de la funcionaria llevó a que la familia de González presentara una querella de homicidio calificado con calificante de alevosía y agravante de no discriminación en todas sus formas. Pero según explicó la abogada representante Cynthia Pérez a Contigo en Directo, esta acción también se condice con los resultados arrojados por un informe criminalístico privado.
Pérez abordó en detalle la artista que apunta contra la funcionaria judicial, quien aparecía en los registros en el sitio del suceso junto a carabineros. Se trata de una persona que "actualmente está prestando servicios en materia de familia, también estuvo en jurisdicción civil y también estuvo en jurisdicción penal, y nada más ni nada menos que en Quintero hace 8 años atrás", detalló la abogada.
"Es una persona conocida que claramente cuando está en este lugar no pasa desapercibida y no estaba cumpliendo funciones", continuó relatando la profesional al programa de Chilevisión.
Debido a su presencia en el lugar, Pérez apuntó a que el 27 de septiembre solicitó que se informara si es que la funcionaria ya habría prestado declaración como testigo, lo que finalmente ocurrió. Pero aquí hay un eje que levantó sus sospechas, ya que "fue citada a declarar en Quintero teniendo su domicilio en Viña del Mar".
Continuando con los hechos confusos, la defensora de la víctima sostuvo que el pasado 26 de septiembre le informaron desde Fiscalía que la causa indagada se reagrupó con otra, es decir, se modificó su RUC. Así notó que "no tenía acceso a esa causa y tuve que acreditarme de nuevo, significando una tardanza en la recepción de oficios".
Pese a que finalmente recibió su acreditación, acusó que no puede ver el estado de la investigación ni cómo avanzan las gestiones.
"Solicité los días 2 y 3 (de octubre) audiencias con el fiscal (...) y me las rechazaron. El fiscal rechazó una entrevista con esta abogada que es querellante y representa a la víctima, es decir, rechazó el ejercicio legítimo del derecho que tiene la víctima", expuso Pérez.
El persecutor "me dijo previamente que indique la finalidad por la cual quiero la reunión. Se aclaró en dos ocasiones y todavía estamos esperando que nos reciba", sentenció.
Paralelamente, la abogada se refirió a las pericias aún pendientes del caso, afirmando que una de ellas debía realizarse al vehículo de Valentina y que se solicitó el día de su muerte, pero "a la fecha todavía no se hace".
Acusó además que el 2 de agosto la PDI recibió los videos de las cámaras de seguridad, en los que "queda en evidencia que las personas que estuvieron con Valentina fueron al vehículo y sacaron elementos, después de la muerte. Que botaron elementos que sacaron en compañía de sujetos que llegaron en el vehículo de la funcionaria del Poder Judicial".
Una incertidumbre que aumenta si se consideran los resultados de un peritaje criminalístico privado que determinó golpes y hemorragias internas en el cuerpo de la víctima, contradiciendo al documento del informe del Servicio Médico Legal (SML) que, pese a que constata estas lesiones, apunta como causa de muerte la asfixia por inmersión.
Al ser consultada si es que considera que existan irregularidades en las indagatorias, la abogada defensora respondió afirmativamente, asegurando que "existen situaciones que a mi juicio buscan ir generando cada vez más lentitud en las actuaciones".