Pilar Reyes, es la madre de una joven de 16 años que fue violada y asesinada por la pandilla Wander Rap en 2016. El único imputado del caso, fue absuelto de 30 años de prisión, por lo que la mujer asegura que "teme por su vida" y las de sus otros cuatro hijos, ya que han recibido amenazas de parte del sujeto.
Pilar Reyes, una humilde mujer quechua, es la madre que protestó atando sus manos con cinta adhesiva a la reja del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba al enterarse de la fuga de Omar Ordóñez.
"Hoy (ella) se ha crucificado en las puertas del tribunal por la impotencia de ver cómo la Justicia es para el que tiene plata y no para el pobre", lamentó en declaraciones el abogado Diego Flores, uno de los defensores de Reyes.
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Ordóñez fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato de la adolescente, pero mediante una apelación fue puesto en libertad por la vocal Mirtha Montaño, de la Sala Penal Primera de Cochabamba.
Flores explicó que la madre de la víctima "teme por su vida", pues ha sido amenazada por Ordóñez al extremo de no poder volver a su casa por miedo y enviar fuera de Cochabamba a sus otros cuatro hijos, incluido un menor de 6 años.
El caso data de 2016, cuando varios integrantes de la pandilla Wander Rap, entre ellos Ordóñez, abusaron sexualmente de la adolescente para luego matarla.
El abogado David Flores, otro defensor de la madre de la víctima, dijo a que en su momento denunciaron y cuestionaron la decisión de la vocal Montaño de revocar la detención de Ordóñez porque "era previsible que, una vez en libertad, él se dé a la fuga".
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Según el jurista, el hombre pagó la fianza equivalente a unos 14.300 dólares y fue puesto en libertad, cuando lo que la vocal debió hacer es disponer "por lo menos" su detención domiciliaria con custodio policial "para evitar precisamente que se fugue".
Los abogados de Reyes explicaron que la mujer es muy humilde e incluso se tuvo que prestar dinero para seguir el proceso penal, ante lo cual el estudio jurídico de ambos resolvió asistirla gratuitamente.
El suceso generó pronunciamientos a favor de la muchacha y su madre de entidades como el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.
"El dolor y clamor de la señora Pilar Reyes, una madre que demanda justicia para su hija asesinada y seguridad para su familia, deberían ser escuchados por autoridades judiciales", publicó el Ministerio de Justicia en Facebook junto a una fotografía de la mujer crucificada en esta jornada.
El ministerio se comprometió a seguir el caso y tomar "las acciones que le corresponden por ley".
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Por su parte, la Defensoría criticó las decisiones de la vocal Montaño y demandó que la Fiscalía y la Policía hagan cumplir con la detención de Ordóñez.
Bolivia registra al menos 40 feminicidios en lo que va de año, mientras que en 2020 fueron 113 y se calcula que en los últimos 7 años ha tenido un promedio anual de 110 casos, según organizaciones feministas.
El país tiene en vigor desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, aunque las activistas aseguran que no se cumple plenamente por falta de presupuestos y personal adecuado, por lo que el Gobierno busca reformarla.