Oficios del Ministerio del Interior descartan la disponibilidad de fondos hasta el 2024. Se trata del último panel de expertos internacionales que presentarán sus conclusiones sobre si la causa del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura, ocurrida en septiembre de 1973, se trató de un homicidio. La polémica aparece justo cuando este 23 de septiembre se cumplen 49 años de su deceso.
La óptica de uno de los microscopios más sofisticados del laboratorio de Murcia, España, había localizado inequívocamente una actora que hasta ese año no había aparecido en ninguno de los estudios científicos realizados a los restos del Premio Nobel de Literatura (1971), Pablo Neruda. Era mayo de 2015 y la “estafilococo dorado”, una bacteria altamente mortal, estaba ante los ojos del catedrático español de Medicina Legal y Forense, Aurelio Luna Maldonado.
Tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, el poeta Pablo Neruda decidió pasar esos días en su residencia de Isla Negra, a unos 125 kilómetros de Santiago.
Padecía cáncer de próstata, cuyas molestias lo llevaron a concurrir en medio del estado de sitio y los toques de queda hasta la Clínica Santa María, en Santiago. Su ingreso quedó registrado el 19 de septiembre de 1973. Cuatro días después, fallecería.
Tras 38 años, en 2011, se presentará la primera querella para aclarar si se trató de un homicidio por envenenamiento. El antiguo chofer del poeta, Manuel Araya, quien lo condujo desde la costa hasta el centro privado de salud, habría revelado recientemente que durante los días que estuvo internado, advirtió la presencia de agentes del Estado.
“Después del 11 de septiembre, el poeta iba a exiliarse en México junto a su esposa Matilde. El plan era derrocar al tirano desde el extranjero en menos de tres meses. Le iba a pedir ayuda al mundo para echar a Pinochet. Pero antes de que tomara el avión, aprovechando que estaba ingresado en una clínica, le pusieron una inyección letal en el estómago” aseguró Araya a El País el 2011.
Desde ese momento, la ciencia, más que las investigaciones policiales, ocuparon un lugar relevante en determinar la verdad de lo ocurrido. Después de ser exhumado en 2013, muestras de tejido y huesos fueron enviados a distintos laboratorios del mundo (Canadá, Dinamarca, España), para determinar si un agente tóxico pudo ser la causa de muerte.
En 2015 y 2017 se reunieron en Santiago, dos paneles de expertos científicos donde se analizaron todas las variables científicas para determinar si la bacteria había sido la causa de muerte de Neruda. Su descubridor, el doctor Aureliano Luna, recomendó tomar cautela con el hallazgo y que este, al igual que otros antecedentes, fueran sometidos a la opinión de la comunidad de expertos científicos, pues había que determinar si la bacteria provocó la muerte y, al mismo tiempo, si estuvo presente en el ambiente o fue inoculada.
Para este año, cuando se cumplen 49 años de la muerte del poeta, se esperaba la reunión final del panel de científicos. Rodolfo Reyes, abogado y sobrino de Neruda explicó que “los expertos tienen todos sus estudios realizados, con informes preparados para esta reunión, el objetivo es someterlas a discusión y lograr una conclusión sobre la causa de muerte”.
Consciente de esto, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, decidió convocar al gobierno para que se pronunciara sobre la disponibilidad de fondos para financiar la venida de unos 13 científicos. Esto significa, sus boletos de avión, transportes, alojamientos, alimentación y honorarios.
Lo hizo el 31 de marzo, a través de un oficio (751-2022) dirigido a la entonces ministra del Interior y Seguridad, Izkia Siches. Pero no tuvo respuesta.
El 29 de abril, el tribunal de primera instancia reiteró lo solicitado mediante oficio 1007-2022, nuevamente sin respuesta. El 14 de junio, la ministra Plaza insistió en el pedido, pero no fue hasta mediados de agosto que la jueza tuvo la atención de la ex jefa de gabinete de la ministra Siches, Ana Lya Uriarte Rodríguez (actual ministra Secretaria General de la Presidencia).
La jueza recibió copia del memorándum Nº86 en la que el jefe jurídico de la Subsecretaría del Interior, José Sebastián Rivas Anguita, le informa que “los recursos solicitados para financiar dicho evento no fueron previstos en el presupuesto de esta subsecretaría para el presente año ni fueron formulados para el período 2023.
Asimismo, el documento hace referencia a que existiría un informe con resultados de científicos de Canadá y Dinamarca que está pendiente y que tampoco procedería el financiamiento mientras estos informes no sean entregados.
“Lo que resulta poco comprensible es que esos informes a los que se hace alusión serán entregados durante el tercer panel porque están directamente relacionados con el trabajo del tercer panel de expertos”, aclara Elizabeth Flores, abogada querellante.
Fuentes que conocen la investigación y los detalles del trabajo que han realizado los dos paneles anteriores, sostienen que no tiene ninguna relación la mención de ese informe. “La consulta que está realizando el tribunal es si hay o no recursos disponibles. Luego si hay o no informes pendientes, es este (el tribunal) el único que tiene la potestad de exigir el cumplimiento de una pericia”.
El documento además establece que si bien la situación contiene una decisión del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, que no dejó presupuesto antes de terminar su periodo, se deja en claro que en el gobierno actual tampoco se habría incorporado para el presupuesto 2023. Queda claro que recién el 2024 podría considerarse.
Los dos encuentros científicos anteriores fueron financiados durante el segundo mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet con Rodrigo Peñailillo (2015) y Mario Fernández (2017).
“Nos llama profundamente la atención que tampoco hay ningún interés ni se muestra alguna disposición para buscar la manera de financiarlo. Se trata de uno de nuestros dos premios Nobel de literatura. Hay que ver la imagen que proyecta nuestro país negándose a financiar estos estudios científicos”, cuestionó Rodolfo Reyes.
Para este artículo, se consultó a la Subsecretaría del Interior, que encabeza Manuel Monsalve Benavides, por las razones que se habían entregado para no financiar el tercer panel de expertos que debe definir, en esta oportunidad, la causa de muerte de Pablo Neruda. Sin embargo, después de casi dos semanas de espera, no hubo respuesta.
La jueza especial para causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, Paola Plaza González, tampoco quiso referirse a la situación alegando que se trata de una causa que se encuentra en sumario y, por lo tanto, no es pública.
La investigación por la muerte de Pablo Neruda fue el único proceso que el Ministerio del Interior decidió mantener cuando se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos.
A dicha cartera fueron traspasadas -excepto esta- todas las causas por desaparición forzada y ejecuciones sumarias de las cuales el Programa de Derechos Humanos es querellante y que hoy dependen de la subsecretaría que lidera Hayde Oberreuter.
Respecto a la posibilidad de que el caso pueda ser traspasado a esa repartición, el sobrino de Pablo Neruda, Rodolfo Reyes, le resta importancia. “Lo que a nosotros como familia nos importa es que la institución que tenga en sus manos el crimen de Pablo Neruda sea eficiente y responda adecuadamente cuando la justicia se lo está solicitando”.
23/09/2022
14:00
