Myla Chávez, abogada del ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, explicó que en la instancia se alegará una vulneración a la presunción de inocencia de su representado, así como el derecho a garantías judiciales fundamentales.
Un comunicado de prensa emitido el pasado 26 de agosto por parte del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, puso fin a la carrera presidencial impulsada por el activista mapuche Diego Ancalao, de la mano de la Lista del Pueblo. Un suceso que destapó la presunta utilización de firmas falsas notariadas para la inscripción de la candidatura ante la entidad.
Luego de una serie de acciones judiciales impulsadas por las partes para esclarecer la verdad, en las próximas semanas Ancalao presentará una demanda contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según explicó su abogada Myla Chávez en La Tercera PM, esta acción está sostenida por las eventuales irregularidades a las que habría sido sometido el abanderado por la supuesta falsificación de las rúbricas.
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Chávez argumentó que "la xenofobia que existe en Chile nos hace estar seguros de la necesidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate esta tremenda conquista del proceso constituyente que tiene paridad, que hasta el expresidente Aylwin se comprometió con el reconocimiento constitucional de los pueblos y no se ha consolidado. En este caso, al aparecer, los grandes poderes vieron como un peligro a un mapuche que habla claro e incorpora un discurso del buen vivir".
Tal como se mencionó anteriormente, esta demanda será contra el Estado de Chile y en la instancia se alegará una vulneración a la presunción de inocencia de Ancalao, así como el derecho a garantías judiciales fundamentales.
Por otro lado, cabe consignar que el ex candidato presidencial presentó el pasado 24 de septiembre un recurso de protección en contra de Tagle, lo que fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago. Posteriormente, la Corte Suprema ratificó dicha decisión.
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Mientras, el fiscal regional Metropolitano Centro Nortes, Xavier Armendáriz, es el responsable de encabezar la investigación por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público tras la denuncia presentada por el Servel. Paralelamente, el 7° Juzgado de Garantía tramita la querella que interpuso María Zaldívar, hija del notario fallecido implicado en el caso (Patricio Zaldívar).
Hay que recordar que según el informe revelado por el Servel y que dejó al descubierto la presunta comisión de delitos según la ley electoral y el Código Penal, constató que hubo al menos 23.000 firmas aparecían suscritas bajo el nombre de Zaldívar, quien había fallecido este año y cuya notaría había dejado de operar en 2018.
10/11/2021
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