Luego de que se ampliara la formalización de los hasta ahora dos detenidos por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros,
Daniel Palma, también se determinó que uno de los imputados debió comparecer en otra audiencia por un delito anterior.
Se trata de
Luis Lugo Machado, quien compareció nuevamente ante la justicia, esta vez por un
hecho ilícito cometido tiempo atrás en la Región del Biobío. Producto de este delito,
tenía una condena de cárcel bajo la medida de libertad vigilada.
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Esta persona no cumplió ninguno de los objetivos del plan. Él quebrantó cada una de las finalidades, que son la reinserción social, no tenía domicilio fijo, no se presentó a las entrevistas con su delegado. Tampoco presentó un contrato de trabajo ni a los encuadres de capacitación", afirmó el
fiscal Jorge Lorca, de la Fiscalía Regional del Biobío.
Lugo Machado
fue detenido en 2021 por porte ilegal de armas en la comuna de
Penco, en la Región del Biobío, situación delictual que lo tuvo privado de libertad. Sin embargo,
tiempo después quedó con una pena alternativa.
"En la modificación de la ley de control de armas se estableció, expresamente, que estos delitos tienen penas sustitutivas de libertad vigilada intensiva.
Cumpliéndose los requisitos, se le otorga y se le da la posibilidad", explicó Lorca.
Procesos judiciales de Luis Lugo
En
junio de 2021, el hombre de nacionalidad venezolana fue detenido por
porte ilegal de armas, por lo cual estuvo
tres meses en prisión preventiva. En mayo de 2022 fue condenado por este hecho, decretándose tres años con libertad vigilada en su contra.
En agosto de ese mismo año,
Lugo es detenido nuevamente pero por microtráfico en Tomé, también en la Región del Biobío. En ese entonces, la Fiscalía no controló su detención y sólo lo dejó citado a un tribunal.
Posteriormente, en enero de 2023,
Gendarmería emitió el informe donde señala que de seis controles, sólo asistió a tres.
¿Cómo se explica esta seguidilla de errores? El ex fiscal
Vinko Fodich explicó a
CHV Noticias que "
es un problema estructural, porque Gendarmería no tiene hoy día la capacidad de trabajar como en Estados Unidos, haciéndole un seguimiento semanal proactivo por parte del delegado hacia el condenado".
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Es el condenado quien tiene que conectarse cinco minutos a una videollamada por Zoom, que ni siquiera eso hacía esta persona", agregó Fodich.