La norma busca liberar a quienes cumplen las condiciones y fueron encarcelados desde el 11 de marzo de 1990. Además, pretende incluir a personas indígenas que fueron privadas de libertad por "perseguir una reivindicación territorial".
Un grupo de convencionales ingresó una propuesta de norma para entregar amnistía a presos durante el estallido social y desde la transición a la democracia.
El texto define como preso político a toda persona que está privada de libertad por participar en actos de expresión, difusión y promoción de ideas políticas, sean estos ejecutados en forma individual o colectiva, en recintos públicos o privados o a través de cualquier medio de comunicación.
Ante esto, buscan dar amnistía a:
- Personas privadas de libertad que han cometido delitos con inspiración política en beneficio de una causa política.
- Procedimiento en donde la detención violó garantías fundamentales como la libertad de pensamiento, religión, conciencia, libertad de expresión o de reunión que fue impuesta por motivos políticos sin conexión a otro delito tipificado.
- Personas privadas de libertad por participar en actos en contexto de manifestaciones políticas que hayan sido objeto de procedimientos ilegales y arbitrarios tales como inexistencia de prueba o violación evidente de la cadena de custodia.
- Personas detenidas por participar de actividades de organización, manifestación y promoción de ideas políticas que pertenezcan a movimientos, agrupaciones o partidos políticos que las promuevan.
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Del mismo modo, indican que las personas indígenas "que persiguen una reivindicación territorial cuya legitimidad sea reconocida por el derecho internacional no podrán ser consideradas terroristas".
En ese punto, los firmantes piden considerar hechos delictivos de intencionalidad política a "personas indígenas que persiguen una reivindicación territorial cuya legitimidad sea reconocida por el derecho internacional no sean consideradas asociación ilícita terrorista".
En ese sentido, invocan amnistía a todos quienes, en calidad de autores, cómplices o encubridores se encuentren imputados por hechos delictivos de intencionalidad política entre el 11 de marzo de 1990 y el futuro plebiscito de salida.
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Asimismo, recalcan: "Especialmente situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad, especialmente, beneficiados de procesos de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche".
La iniciativa fue presentada a la Comisión de Derechos Fundamentales por:
- Ivanna Olivares
- Dayanna González
- Manuela Royo
- Constanza San Juan
- Eric Chinga
- Francisco Caamaño
- Elsa Labraña
- Lisette Vergara
- Camila Zárate
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Mira acá aquí el texto completo:
05/02/2022
17:09
