Desde el organismo que vela por los Derechos Humanos repudiaron las circunstancias en que la reportera "fue herida" y lamentaron que aquello "le haya ocasionado la muerte". Asimismo, con respecto a lo ocurrido el 1 de mayo señalaron que "demuestra que hubo una falla grave" por parte de las autoridades.
Durante la jornada de este jueves se confirmó la muerte de la periodista Francisca Sandoval, profesional de las comunicaciones que fue gravemente herida producto de un disparo el domingo 1 de mayo en una manifestación por el Día del Trabajador y la Trabajadora en el barrio Meiggs.
Desde el Hospital de Urgencia Asistencia Pública indicaron que la paciente, quien ingresó de extrema gravedad por un traumatismo encéfalo craneano, no presentó mejoras neurológicas y derivó en una falla multiorgánica que provocó su deceso.
En ese contexto, diversas organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, y personal del mundo político, han manifestado sus reacciones al suceso y las respectivas condolencias a las familias.
Lo anterior generó la reacción de Amnistía Internacional (movimiento global presente en más de 150 países que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos), organismo que emplazó al Estado a garantizar la seguridad de periodistas en el marco de manifestaciones.
"Repudiamos las circunstancias en que Francisca Sandoval fue herida y lamentamos profundamente que aquello le haya ocasionado la muerte. Es un imperativo investigar y sancionar a los responsables de este hecho y de todos los ocurridos en el marco de las manifestaciones sociales", señalaron.
Además, el Estado "tiene el deber de asegurar el derecho a la protesta pacífica, lo que incluye proteger la integridad de los/as manifestantes frente a agentes provocadores y contra-manifestantes", añadieron.
En ese sentido, manifestaron que las autoridades deben adoptar todas las medidas preventivas para evitar que particulares agredan a personas que se manifiestan. "Lo ocurrido el 1 de mayo en el barrio Meiggs demuestra que hubo una falla grave en este aspecto, lo que desencadenó en varios hechos de violencia y lamentablemente en la muerte de la periodista", expresan.
"El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión", sentencian.
12/05/2022
18:50
