Este lunes la
Comisión para la regulación de la relación entre el Estado, fundaciones y corporaciones presentó un informe al
Presidente Gabriel Boric con una serie de medidas para mejorar la relación con las instituciones privadas sin fines de lucro.
Esta instancia se generó con el objetivo de profundizar en la transparencia y fortalecer la agenda de probidad del Gobierno, tras el polémico
Caso Convenios.
Se llevaron acabo 45 días consecutivos de trabajo, donde se realizaron 30 sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, que incluyó a
representantes de organizaciones sociales, de la academia, de organismos del Estado y organismos internacionales.
La Comisión estuvo encabezada por los principales integrantes del organismo:
María Jaraquemada, Ramiro Mendoza, Jeannette von Woldersdorf, Ignacio Irarrázaval, Ignacio Agüero y Valeria Lübbert (secretaria ejecutiva).
Finalmente, el informe de la Comisión entregó al Gobierno
46 propuestas para mejorar la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro.
Medidas sobre relacionamiento del Estado e instituciones privadas sin fines de lucro
A continuación dejamos las principales medidas destacadas en el informe en torno a fundaciones y corporaciones para mejorar su vinculo con el Estado:
1. Ley general de transferencias
Propuesta de
ley permanente que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro.
2. Ampliar la cobertura del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec)
La medida consiste en ampliar la cobertura del SISREC de Contraloría como portal único de rendición de las transferencias del Estado.
3. Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile
Crear un
Registro de Personas Jurídicas de acuerdo con estándares y buenas prácticas del FMI y de la OCDE.
4. Portal de información sobre transferencia de recursos públicos al sector sin fines de lucro
Creación de un portal electrónico que permita hacer seguimiento y acceder a información sobre las transferencias de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.
5. Establecer obligaciones de transparencia activa de IPSFL
Establecer obligaciones a las IPSFL de publicar cierta información sobre sus antecedentes básicos, gobiernos corporativos, actividades y financiamientos en sus sitios web.
6. Aumentar estándares de control a corporaciones municipales y regionales
Integrar a todas las corporaciones municipales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio y buscar una solución homóloga para las corporaciones regionales.
7. Obligación de alcaldes y alcaldesas de informar al Concejo Comunal
Se propone establecer la obligación de
informar y rendir cuentas al Concejo municipal de todas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto y aunque no requieran su aprobación.
8. Reducir el rango de 7.000 UTM la inversión previsto en la Ley de Gobiernos Regionales
Se propone
reducir el monto para el cual se requerirá, por el Gobernador Regional, la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas. En todo caso,
deberá informar al Consejo Regional de todos los proyectos de inversión e iniciativas.
9. Establecer un catálogo de sanciones proporcionales adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica a IPSFL
Establecer normas generales y supletorias con sanciones y principios de aplicación relativas a incumplimientos por parte de IPSFL respecto de transferencias públicas, con un catálogo posible de medidas de
carácter proporcional a la gravedad de la infracción (multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión).
10. Normas de incompatibilidades para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común
Se propone incorporar una incompatibilidad general en materia de contratación y transferencias para
incluir las relaciones de pareja no formales, como ha ocurrido en materia de legislación penal sobre femicidio y de violencia intrafamiliar, así como para aquellos con que tienen o han tenido un hijo en común.
11. Fortalecimiento y mayor autonomía de la Auditoría Interna
Proponemos que el CAIGG esté regulado en una ley y que le dé cierta autonomía del gobierno para cumplir su rol y garantice su profesionalismo.
12. Permitir que Contraloría envíe los antecedentes al Tribunal Electoral Regional
Se propone otorgar la
legitimación activa al Contralor General de la República y, por delegación de éste a los Contralores Regionales, para que sea el TER Regional quien determine si las infracciones de los deberes de las autoridades electas implican infracciones graves.
28/08/2023
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