La autoridad del Presidente de la República se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público y la seguridad tanto interna como externa del país. Asimismo, es reconocido internacionalmente que el terrorismo en cualquiera de sus formas es contrario a los derechos humanos. En tal sentido, es un imperativo para la máxima autoridad hacer todo aquello que sea indispensable para combatirlo y erradicarlo, porque en definitiva lo que está haciendo es protegiendo los derechos más esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Para nuestra actual legislación antiterrorista, reformada en democracia y reafirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2014, un acto reviste el carácter de terrorista "cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias".
Es un hecho público y notorio que, en La Araucanía, en los últimos años, se han cometido numerosos delitos con la finalidad de provocar en la población el temor, el miedo de ser victima de delitos similares. Se trata de hechos que se ejecutan por grupos organizados, que actuan con grados de violencia extrema y en todos ellos dejan panfletos con consignas que claramente lo que buscan es aterrorizar a la población que vive en el sector. Así ocurre con los ataques con arma de fuego y la quema de camiones, predios, iglesias y atentados criminales a los bienes e integridad física y psíquica de cientos de mapuches y no mapuches. Sin duda el más grave de ellos fue el brutal y cobarde asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay quienes fueron quemados vivos. Estas acciones no se cometieron con el proposito de robar, asaltar o perpetrar un delito común. Se ejecutaron, como lo reconoce la propia Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía, liderada por Monseñor Vargas e integrada por lideres Mapuche y no Mapuche, con el objetivo de intimidar a la población.
Sin embargo, dos candidatos presidenciales han negado esto: Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez. El primero ha señalado que no hay terrorismo en La Araucanía porque éste "sólo puede ser cometido por agentes del Estado", desconociendo completamente nuestra Constitución, nuestra legislación y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile sobre la materia. Por su parte, Beatriz Sánchez, no cree "que haya terrorismo en la zona", haciendo ver que todo lo que ocurre en La Araucanía son delitos comunes, sin los objetivos terroristas, incluido el brutal asesinato del Matrimonio Luchsinger-Mackay.
Es incomprensible e inaceptable que dos candidatos a la Presidencia de la República asuman una postura de ojos vendados frente a la realidad dramatica de violencia que viven y sufren a diario miles de personas en La Araucanía. Con sus planteamientos ambos candidatos dejan de lado el principal deber que tiene un Presidente de la República: resguardar la vida y seguridad de todos los habitantes del país.
Finalmente tengo plena conciencia que la solución al conflicto de La Araucanía requiere impulsar una Propuesta por la Paz Social. Asi lo hicimos hace tres años cuando entregamos la nuestra a la presidenta Bachelet, sin que hasta la fecha haya materializado iniciativa alguna sobre esta materia. Hago mención a lo anterior porque los candidatos Beatriz Sanches y Alejandro Guiller, salvo decir que en La Araucanía no hay terrorismo, no han hecho ni planteado nada para enfrentar la violencia y avanzar en la paz social.
