Faena minera en medio de la nada y que hoy está en el centro de la polémica. Uno que pone nuevamente en el tapete la discusión sobre los protocolos de seguridad de empresas que trabajan con hidrocarburos. En Isla Guarello fallaron y 48 mil litros de petróleo se derramaron.
Este lunes los equipos de la armada, dotados con papeles especiales, seguían trabajando buscando limpiar las costas de una isla lejana. La zona urbana más cercana es Puerto Natales, a 250 kilómetros.
"El Ministerio está recabando todos los antecedentes para iniciar una denuncia al Comité de Defensa del Estado", detalló la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
El senador Guido Girardi interpuso la primera acción judicial en contra quienes resulten responsables de la emergencia ocurrida en la CAP, empresa dueña del yacimiento de piedra caliza de Isla Guarello donde ocurrió el derrame. "Ese es un segundo evento que tiene que ver con negligencia, con impericia e irresponsabilidad", indicó.
Lee también: Investigan derrame de 40 mil litros de petróleo en la Región de Magallanes
Justamente, el parlamentario PPD hace referencia, también, a la catástrofe ambiental de Osorno, donde también fallaron los protocolos, derramándose miles de litros de petróleo que obligaron a suspender el servicio de agua potable por 10 días.
"El gobierno ya ha impulsado un proyecto de ley que hace obligatorio contar, por parte de las empresas, de un programa de protocolos de prevención para evitar que este tipo de hechos ocurran", añadió la ministra.
La gran diferencia del caso de Osorno, es que esta es una emergencia ambiental, no sanitaria, por lo que las sanciones son totalmente distintas.
"Me da la impresión que la Superintendencia va a tener poco que hacer en este caso. Distinto es por la responsabilidad del daño ambiental, porque en esa hipótesis perfectamente se podría realizar una acción ambiental, de reparación, contra la compañía por una actuación que haya hecho un empleado de ella", sostiene Jorge Femenías, profesor de Derecho Ambiental UC.
Acción judicial que en una hipotética sentencia condenatoria obligaría a la empresa responsable, en este caso la CAP, a reparar el daño ecológico causado. Algo difícil de cuantificar y cuyos efectos, lamentablemente, se verían a largo plazo.
29/07/2019
21:14
