Fueron jornadas intensas de manifestaciones en contra de la PSU. Secundarios boicotearon la prueba con movilizaciones a nivel nacional, liderados por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundario (ACES). Ahora, sus voceros enfrentan una denuncia del gobierno en la que se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado en su contra.
Una de las caras visibles del movimiento es Víctor Chanfreau, secundario de 18 años, elegido vocero de la ACES en abril de 2019, quien respondió al Ejecutivo diciendo que “seguiremos movilizados con o sin querella”.
El Ministerio Público ya dio orden de investigar, bajo el Artículo 6 de la mencionada Ley, a todos los involucrados en el boicot de la PSU y presentó 16 querellas en contra de 34 personas. El fiscal nacional ya estudia las denuncias. "El llamado a causar daños o boicotear la PSU causó un perjuicio muy grande y es importante que esos hechos se investiguen y si hay responsabilidades penales se sancionen", indicó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Pero, ¿qué implica que se haya hecho uso de esta Ley?
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En general, la Ley de Seguridad Interior del Estado se utiliza contra "los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de vilencia destinado a alterar la tranquilidad pública".
Específicamente, en el caso de los dirigentes de la ACES, serán investigados por el Artículo 6° en su letra C.
Es decir, por los actos que "inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de los servicios públicos o de utilidad pública".
Una querella que según el Ministerio del Interior podría estar relacionada directamente con la filtración de la PSU y derivó en que el Demre cancelara la prueba de Historia a nivel nacional. Una arista que también será investigada.
Y de prosperar la investigación, ¿qué arriesgan en material penal los dirigentes de la ACES si son procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado?
De acuerdo a la abogada Mariaemilia Moreira, "establece que la pena es de reclusión menor en su grado mínimo a medio, esto es de 61 días a 3 años, esa es la pena que podría arriesgar si llegase a ser condenado".
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En el caso de los dirigentes menores de edad, la ley puede ser aplicada, sin embargo, el proceso debe llevarse a cabo bajo la normativa penal adolescente. Según la ACES, aún no reciben notificación oficial de la denuncia.
"Ya estamos con el equipo jurídico al respecto y ese camino vamos a seguir durante estos días, preparando la defensa, pero tampoco dejando las calles", indicó Victor Chanfreau.
09/01/2020
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