En 2020 dos funcionarios de la Municipalidad de Providencia, que ocuparon puestos claves durante la gestión de la alcaldesa Josefa Errázuriz, fueron imputados por malversación de caudales públicos por $1.600 millones. Según la investigación, se trataba de fondos destinados especialmente para la educación de la comuna, pero fueron utilizados en fiestas, hoteles y giftcards de vestuario para los trabajadores, entre otros gastos. En ese entonces, se estimaban penas desde cinco años y un día hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, hace algunos días, el caso dio un giro. La Fiscalía Oriente solicitó reformalizar la investigación, ofreciendo, además, salidas distintas a los imputados.