Leasing habitacional: Fiscalía investiga presunta estafa inmobiliaria que involucraría al Poder Judicial

Por un crédito perdieron su casa, una propiedad que ya no les pertenece pero aún viven en ellas en litigio y siguen luchando para recuperarla. Para salvar la vida de su padre hoy fallecido, Vicente Alday firmó con la inmobiliaria San Sebastián un contrato de compraventa por el equivalente a 1.850 UF, dejando en prenda su hogar, pero el crédito que solicitó fue solo por $10 millones. El contrato estipulaba 240 cuotas que debía pagar a Afianza, el brazo financiero de la inmobiliaria. Vicente asegura que comenzó a cancelar por adelantado, realizando el primer pago en noviembre de 2014, luego en diciembre un abono de $10 millones, posteriormente en enero de 2015 canceló hasta la séptima cuota. Pero al parecer sus pagos por adelantado no habrían servido de nada, porque el abogado de la inmobiliaria Jorge Rojas Zamorano, presentó una demanda para designar un juez árbitro que puede caducar el contrato y dar paso a un remate. Mientras tanto, Vicente asegura que seguía pagando las cuotas. Revisando demandas interpuestas por la inmobiliaria, se corroboró que el mismo abogado también se desempeñaba desde 2019 como juez árbitro en este tipo de causas. Las demandas de juicios arbitrales contra clientes son en representación del gerente inmobiliario del conglomerado Larraín Vial, José Gabriel Mena, quien asegura que "no en todos los casos nos hemos quedado con las casas". En 2017 el Sernac presentó una demanda colectiva por cláusulas abusivas que aún no resuelve la Corte Suprema. Vicente afirma que de este situación se enteró cuando "llega a la casa el señor Cristóbal Guerrero", con quien mantuvo una conversación telefónica que grabó y que constata que dicho presunto abogado de la inmobiliaria le ofreció dinero en compensación por el remate de la vivienda.

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