Habitantes de diferentes sectores rurales de Melipilla reclaman por el proyecto de construcción a cargo de Eletrans, problemas que han llevado a que la Superintendencia de Medio Ambiente formule diferentes cargos contra de los responsables.
El sector de Santa Julia es una pequeña localidad rural emplazada en terrenos agrícolas de Melipilla. Pero desde hace dos años, trabajos en el lugar alteraron la tranquilidad de los habitantes, quienes se vieron obligados a vivir con torres de alta tensión cerca de sus casas. Todo se trata de un proyecto de transmisión de la empresa Eletrans que conecta Lo Aguirre con la subestación Rapel, que busca traspasar energía por los cables, que según vecinos, provocarían ruidos día y noche. Además, aseguran que no han existido compensaciones sobre este tema, ignorando los riesgos de esta construcción, reclamando también que fue una instalación no consultada. En junio de 2020, en el sector Los Valles de la misma comuna, luego de una fuerte lluvia se registró una remoción en masa de tierras y escombros, afectando a varios departamentos de un condominio emplazado a los pies del cerro que aloja una especie de subestación o central de torres de alta tensión del mismo proyecto. Un incidente en que muchos perdieron prácticamente todo y que, dicen, la empresa no les ha respondido por los daños ocasionados tras el alud. De acuerdo con Cristóbal de la Maza, superintendente de Medio Ambiente, este alud "tenía relación con el incumplimiento a las medidas de seguridad que establecía el propio permiso ambiental de la empresa". Por este motivo, el año pasado la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cinco cargos contra Eletrans, la que respondió presentando un programa de cumplimiento que se encuentra en etapa de revisión. Culipran es otro sector en las afueras de Melipilla, por donde pasa también el proyecto, una comunidad que no ha estado exenta de problemas con la empresa, principalmente con las faenas realizadas en los cerros usando helicópteros gran parte del día. Pero a ello se suman los cuestionamientos por la afectación a la flora y fauna de la zona, provocando que organizaciones presentaran una denuncia ante la SMA, entidad que nuevamente formuló cargos contra la empresa.