Este jueves la Contraloría General de la República reveló graves falencias en las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas durante el estallido social. 419 personas fueron beneficiadas, donde 19 de ellas no presentaron antecedentes médicos o con fecha anterior a lo sucedido y 58 tienen condenas por delitos como homicidios, tráfico de drogas e incluso producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, entre otros. Además, el informe se señaló cierta competencia del INDH como órgano encargado del proceso de acreditación. Un debate que provocó que desde la oposición se exigieran responsabilidades políticas a la Subsecretaría del Interior.