Tanto el ex senador UDI como el ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami llegaron durante la mañana de esta jornada al Centro de Justicia de Santiago para declarar en el caso judicial. Sin embargo, la instancia se reagendó para el 13 de febrero.
Este miércoles debía comenzar el juicio oral por el
Caso SQM, que tiene como imputados a distintas figuras de la política nacional, entre ellos a
Pablo Longueira y
Marco Enríquez-Ominami. Sin embargo, éste se reagendó para el 13 de febrero.
Tanto el ex senador como el ex candidato presidencial
llegaron al tribunal durante las primeras horas de esta mañana para
declarar en el controvertido caso judicial que se arrastra hace 8 años.
Este se dio a conocer en 2015
como una de las artistas del Caso Penta, que destapó el financiamiento ilegal en la política y
derivó en una Comisión que presentó 234 propuestas orientadas a
reforzar la probidad y la transparencia en el sector público y privado en el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.
Por tal motivo, ambos arribaron hasta el Centro de Justicia
reiterando su inocencia por los delitos de soborno,
cohecho y delitos tributarios que se les imputan.
"El daño que me han hecho es irreparable"
El ex parlamentario
UDI llegó hasta los tribunales penales de Santiago
con críticas a la Fiscalía por la extensa duración del proceso de investigación.
"Lo único que he esperado es este juicio.
El daño que me han hecho es irreparable", señaló Longueira en unas escuetas declaraciones, quien es
acusado de cohecho y arriesga 818 días de presidio.
Otro que entregó declaraciones a la prensa fue el ex candidato presidencial del PRO, quien
también emitió críticas por la prolongación del juicio. "Son 8 años esperando este momento,
en otra arista idéntica a esta la gané, entonces ahora va a pasar lo mismo", aseguró.
En esa línea, pidió que "se haga el juicio, que ya vi
algunas partes están proponiendo irse de vacaciones, que no me parece correcto, sobre todo los fiscales, que
tienen que allanarse a esto que ocurra de una vez por todas".
El
ex presidenciable del PRO es acusado de delitos tributarios y, por tal motivo,
arriesga hasta cuatro años de cárcel. Por otro lado, de las
180 personas investigadas, solo ocho serán imputadas durante el juicio.